Los jueces de la Audiencia de Madrid acuerdan aceptar el desalojo cautelar ante los casos de okupación
Los magistrados adoptan este criterio tanto si el propietario es una persona física o jurídica, ya sea pública o privada
Los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid han acordado por unanimidad que con carácter general se estime pertinente que se acuerde la medida cautelar de desalojo y restitución del inmueble en aquellos supuestos en que se aprecien sólidos indicios de la ejecución del delito de allanamiento o usurpación y se verifique la existencia de efectos perjudiciales para el legítimo poseedor, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un comunicado.
El acuerdo se alcanzó en la Junta Sectorial celebrada el pasado viernes en cuyo orden del día había varias cuestiones, entre ellas fijar un criterio respecto a la aplicación de la ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual.
De este modo, los magistrados de las secciones penales estiman pertinente que se acuerde la medida cautelar de desalojo, en el caso de que sea solicitada, si se aprecian sólidos indicios de la ejecución del delito de allanamiento o usurpación.
Los magistrados han adoptado este criterio tanto si el sujeto pasivo es una persona física como si se trata de una persona jurídica de naturaleza pública o privada.
CONSIDERACIÓN A VICTIMAS Y VECINOS
Los magistrados han tenido en consideración no sólo a las víctimas o perjudicados por el delito, sino también a los vecinos a los que el delito pueda suponer un menoscabo directo en el pleno disfrute de sus derechos.
Y lo hace "sin perjuicio de que cuando se observe una situación de especial vulnerabilidad en las personas que ocupan el inmueble (menores, personas con discapacidad, etc.) de forma simultánea se dé traslado a los servicios sociales a fin de que adopten las medidas oportunas para su protección, facilitando las soluciones que procedan".
En el acuerdo de unificación de criterio, los magistrados de las secciones de Penal de la Audiencia Provincial recuerdan que el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal habilita a la autoridad judicial a adoptar todas aquellas medidas que resulten necesarias para preservar y tutelar los bienes jurídicos ofendidos por la comisión del delito presuntamente cometido.
Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter
Haz tu Donación
Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias
Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv
Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag
YOUTUBE: youtube.com/@impactoespananoticias
Whaatsapp: 635967726
Te puede interesar
Sánchez no condena el ataque de Irán a Israel
Borrell si ha escrito que “la Unión Europe condena enérgicamente el inaceptable ataque iraní contra Israel”
Colegio Abogados Madrid presenta denuncia contra la Fiscalía por revelar datos de la pareja de Ayuso
Este hecho se califica como un “hecho de gravedad sin precedentes” por parte del ICAM
El Tribunal de Justicia de la UE sentencia que es obligatorio aceptar pagos en efectivo en Europa
La sentencia, hecha pública el pasado 26 de enero con la referencia C-422/19 y C-423/19, señala que una normativa nacional no puede excluir la posibilidad de usar billetes denominados en euros, ni contener medidas que conduzcan de hecho o de derecho a la supresión de dichos billetes
Illa y Escrivá usaron el Covid para dar contratos de asesoría y obras a dedo
Salvador Illa y José Luis Escrivá, exministros de Sanidad e Inclusión y Seguridad Social, utilizaron durante el Covid-19 la vía de emergencia para adjudicar contratos a dedo sin relación con la pandemia
España es el país de toda la UE con la tasa de pobreza infantil más alta
España es el país de la Unión Europea con la tasa de pobreza infantil más alta, según el informe ‘Estado de la Infancia en la Unión Europea 2024’, elaborado por UNICEF
El PSOE sostiene que no hay conflicto de interés porque Begoña Gómez no es directiva, empleada ni asesora de Air Europa
“Dada la claridad de la norma, es evidente que se trata de una instrumentalización espuria de la Oficina de Conflicto de Intereses para los intereses de un partido político”