El 14 de octubre de 2022, la alianza Denunciantes del Autoritarismo Judicial denunció en la Comisión Europea el impulso del Gobierno de Sanchez a la corrupción, en contra de los intereses financieros de la Unión Europea.

Concretamente en la Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio, de aplicación del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea.

Con esta Ley el Gobierno y el Parlamento han eliminado la posibilidad de que cualquier persona pueda actuar como acusación popular contra quienes cometan delitos que perjudiquen los intereses financieros de la Unión Europea, que es cuando la Fiscalía Europea tiene la competencia exclusiva para realizar la instrucción o investigación de los hechos. Además, sólo pueden ejercer “la acción penal” “las asociaciones y entidades a las que la ley reconoce legitimación para la defensa de los intereses que se han visto afectados por la comisión del delito investigado”.

En esta denuncia administrativa europea se hace referencia a las leyes y artículos de la Constitución española que infringe esta limitación y, además, se dice: «El artículo 325.2 del TFUE tiene la siguiente redacción: “Los Estados miembros adoptarán para combatir el fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión las mismas medidas que para combatir el fraude que afecte a sus propios intereses financieros”; por tanto, la exclusión de la acusación popular para defender los intereses financieros de la Unión vulnera este principio puesto que el “combate” contra el fraude que afecta a los intereses de España sí permite la acusación popular».

El 11 de noviembre de 2022, la Alianza denunció con el mismo mensaje de correo electrónico a los gobiernos de Sánchez (2018-2022) por la comisión de numerosos delitos continuados, principalmente políticos, económicos y de falsedad documental, así como electorales e intergeneracionales.

También denunciaba el periodista Enrique de Diego, periodista y editor de Rambla Libre, que pedía que se elevara al Tribunal de Justicia de la Unión Europea esta infracción de norma europea para que este Tribunal la anule y, subsidiariamente, sea el Tribunal Constitucional quien se pronuncie.

De esta forma, esta ley queda impugnada por la vía administrativa europea y por la vía judicial española.

En la denuncia penal se relaciona este impulso a la corrupción institucional, con la falta de un plan nacional contra la corrupción y la falta de transposición de la DIRECTIVA (UE) 2019/1937 de protección a los alertadores de corrupción, a pesar de haber pasado el plazo para esta última en casi un año, así como con el aumento desbocado de la corrupción.

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