Los nuevos documentos internos de Twitter muestran que el agente del FBI Elvis Chan concedió el nivel más alto de habilitación de seguridad nacional de Estados Unidos a los cabecillas de Twitter para que censuraran las noticias sobre las elecciones presidenciales de 2020.

Elvis Chan lleva mucho tiempo colaborando estrechamente con empresas de redes sociales para identificar y censurar las informaciones procedentes de fuentes independientes. Eso incluyó el envío regular de listas de publicaciones a empresas de medios sociales para su eliminación, sobre todo para ocultar el contenido del ordenador portátil del hijo de Biden.

 Elvis Chan, el inquisidor del FBI
En su declaración del mes pasado, Chan relató que él y otros inquisidores del FBI presionaron a los monopolios tecnológicos para condicionar los resultados electorales en favor de Biden con el pretexto de la “combatir la desinformación y las noticias falsas” que, por lo demás, siempre proceden de Rusia o sirven a los intereses de Rusia.

El FBI era planamente consciente de que el pretexto era ridículo porque tenía en su poder el ordenador de Hunter Biden desde diciembre de 2019, casi un año antes de que en los medios empezaran a aparecer informaciones sobre su contenido. Desde luego no había nada que sugiriera que Rusia estaba interfiriendo en aquellas elecciones, como no había interferido en las anteriores.

Los correos electrónicos periódicos y las reuniones semanales de Elvis Chan con los censores de las redes sociales plantean nuevos interrogantes sobre el nivel de coordinación que existe entre el gobierno y las empresas tecnológicas privadas.

Esta coordinación es actualmente objeto de demandas judiciales, según las cuales más de 80 funcionarios de una docena de instituciones públicas habían participado en la censura de contenidos de las redes sociales.

En otras palabras, las plataformas digitales siguen las instrucciones políticas del FBI.

El hecho de que Chan concediera, además, autorizaciones de seguridad de alto secreto a los cabecillas de las redes sociales desmiente la defensa del gobierno de que su colaboración con las plataformas digitales no es una relación “mano a mano” con el fin de impedir la libertad de expresión.

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