La reforma del Código Penal perpetrada por Pedro Sánchez puede tener a su máximo beneficiado en Carles Puigdemont, el expresidente catalán fugado en Bélgica. El viernes 13 de enero de 2023, cuando entre el vigor la reforma que anula el delito de sedición y rebaja el de malversación, el Tribunal Supremo prepara «una modificación del auto de procesamiento del expresidente de la Generalitat durante el 1-O» que no sólo afectará a Carles Puigdemont, sino que también beneficiará también a la exconsejera Clara Ponsatí y la exdiputada Marta Rovira también fugadas al extranjero.

Según fuentes del Alto Tribunal consultadas Puigdemont «no va a responder por un delito de sedición porque ya se ha derogado» pero tampoco por el desordenes públicos agravados ya que en el momento de los hechos, 1 de octubre de 2017, este tipo penal no existía. Así las cosas el futuro procesal del expresidente catalán y actual eurodiputado pasaría por ser condenado por un delito de desobediencia que conlleva multas y inhabilitación de dos años para ejercer cargo público pero no entrará en prisión. Clara Pontasí y Marta Rivera, por su parte sólo se enfrentarían a multas.

El único problema para Puigdemont estaría en el delito de malversación, el Tribunal Supremo estaría buscando la forma de «encajar» este delito con la nueva legislación en la que las penas son menores, aunque se encuentran con la dificultad de que este tipo penal tenía unas condenas mucho más elevadas en el momento de producirse los hechos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

No sólo Puigdemont se verá beneficiado por esta revisión del Supremo en función del nuevo Código Penal, también lo hará Oriol Junqueras. Esta reforma legal obliga de oficio al Tribunal sancionador a revisar las condenas en función de los nuevos tipos penales. En este caso el Tribunal sancionador es el Supremo que revisará la sentencia contra el que fuera vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC.

Junqueras y otros nueve condenados (el exlíder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, el expresidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart, los exconsejeros Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell) tendrán diez días, al igual que las acusaciones, para pronunciarse sobre la adaptación de sus condenas al nuevo Código Penal. En nuevo Código establece penas de inhabilitación de tres años y ya las han cumplido.

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