La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado este jueves que el Consejo de Ministros del 7 de febrero aprobará el fin de la obligación de llevar mascarilla en el transporte público, una medida que entrará en vigor al día siguiente, 8, cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En autobuses, trenes, metros o taxis la mascarilla ya no será necesaria (aunque sí recomendable), pero en cambio, se mantendrá en los centros sanitarios, en las residencias de mayores para visitantes y trabajadores y en las farmacias porque «hay que ir paso a paso». «Tenemos una situación epidemiológica muy estable. La propuesta que ya ha hecho la Ponencia de Alertas se elevará al Consejo de Ministros el 7 de febrero», ha argumentado Darias tras un acto en la Gasol Foundation.

Los expertos que han asesorado al Gobierno durante la emergencia sanitaria han decidido tomar ahora esta decisión tras comprobar que ni las vacaciones de Navidad ni el fin de la política de 'covid cero' en China han provocado un repunte de contagios y de hospitalizaciones en España.

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, publicados el pasado viernes, la incidencia acumulada de la covid-19 entre los mayores de 60 años se encuentra en 97 casos por cada 100.000 habitantes y los pacientes de coronavirus representan el 2,32% del total de hospitalizados y el 2,50% en las UCI. La incidencia del conjunto de los virus respiratorios (covid, gripe y sincitial) se sitúa en un índice todavía alto, 751 casos por cada 100.000 habitantes, aunque con tendencia a la baja.

La obligatoriedad de la mascarilla en el transporte público se estableció hace casi tres años, el 4 de mayo de 2020, durante la primera ola de la pandemia. Ha sido la restricción más duradera y también la que más debate ha generado: la mayoría de los expertos ha defendido su validez mientras que una parte de la población ha reclamado insistentemente al Gobierno que acabara con ella.

De hecho, en los transportes en los que ha resultado más difícil de controlar, como en el metro, su uso ha disminuido notablemente en los últimos meses.

«Es una decisión lógica porque no ha habido un repunte de casos, aunque el número de fallecimientos sigue siendo alto, pero quizá habríamos podido esperar a que hubiera acabado el frío», explica Joan Carles March, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública.

A su juicio, el fin de la obligatoriedad «no debe significar el fin de su uso» porque este elemento «ha demostrado ser de una gran utilidad». «Los ciudadanos debemos seguir protegiéndonos y protegiendo a las personas más vulnerables, a los mayores y a los niños, y por eso, la mascarilla es muy recomendable en muchos ámbitos, si visitamos a personas de edad avanzada o a recién nacidos», agrega March, que cree que debe hacerse pedagogía para que la sociedad española comience a utilizar habitualmente esta protección «como lo hacen los asiáticos».

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