Hallan mas pruebas contra exdiputado socialista Fuentes Curbelo

La juez apunta «manipulación» en la contabilidad del ya dimitido parlamentario

Exdiputado socialista Fuentes Curbelo

Los miembros de la presunta organización criminal liderada por el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, además de motes para referirse los unos a los otros -Tito Berni, papá, el drones o el curilla-, utilizaban una palabra clave siempre que hablaban de dinero: bolígrafo.

Así lo creen los investigadores tras analizar los miles de audios del caso. También la juez. «Es el término utilizado por la organización para referirse al dinero», asegura en uno de sus escritos. Y en este contexto destaca un mensaje de WhatsApp de «especial relevancia» que ha aflorado en el análisis preliminar de los teléfonos móviles intervenidos a Juan Bernardo Fuentes Curbelo el pasado lunes tras los registros de su domicilio.

 En ese mensaje, el exdiputado reclama dinero a un empresario implicado también en el caso Mediador. «Llega a pedirle directamente al investigado Bautista Prado que le llevara un bolígrafo». A lo que el empresario contesta que cuando vaya a Madrid, «le lleva dos» (dos mil euros).

En este sentido la magistrada destaca también una conversación mantenida entre su sobrino y entonces director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, Taishet Fuentes, y Antonio Navarro Tacoronte, conocido como el mediador:

«Tenemos cinco mil bolígrafos para el equipo de fútbol de la quesería Monstesdeoca, y quince mil y diez mil de Antonio Bautista, vale». Han aflorado además otros mensajes «intercambiados con Montesdeoca García, donde este investigado le solicita a Fuentes Curbelo ayuda en diversas ocasiones para solventar favorablemente su expediente sancionador».

Son algunas de las razones que esgrime la magistrada por las que a su juicio, Fuentes Curbelo, no debería haber salido del juzgado el pasado martes a pie y en libertad sin medidas cautelares, como adelantó este diario. «Mantuvo y mantiene en la actualidad conversaciones con parte de los investigados de la organización criminal», se puede leer en el auto. Pero la Fiscalía Anticorrupción no solicitó la medida, por lo que la juez no tuvo otra opción. No puede acordar prisión provisional de oficio.

En su resolución, la magistrada destaca que el exdiputado mandó hasta en 17 ocasiones su número de cuenta al medidador y pone el foco además en tres pagos que el ahora expolítico habría recibido por parte de empresarios implicados en la trama, abonos de 5.000 euros que todos debían abonar a la Asociación Deportiva La Vega de Tetir, que el mismo Fuentes Curbelo presidía, como peaje para percibir los favores.

La instructora enumera hasta tres presuntas mordidas. La primera de la mano del empresario valenciano Antonio Bautista. «Ya te conseguí lo del equipo de fútbol de nuestra parte», se desprende de distintas conversaciones que obran en la causa. La segunda, se habría efectuado por el empresario José Suárez Estévez, alias el drones, como él mismo reconoció en su comparecencia ante la juez -su objetivo era conseguir influencia y una carta de recomendación de Fuentes Curbelo que poder presentar ante empresarios de la isla-.

La tercera comisión se habría realizado por la empresa canaria Mec Suministra, apunta la jueza, porque buscaba archivar una inspección negativa abierta a su granja y la concesión de una licencia de manera irregular.

Aunque «desde un primer momento el investigado Fuentes Curbelo ya habría sido catalogado como el líder de la rama política de la organización criminal», no se pudo practicar ninguna diligencia de investigación directa sobre él dado que era diputado del Congreso y gozaba de aforamiento, advierte la juez.

Es ahora, una vez que ha dejado el escaño, cuando los investigadores podrán analizar sus cuentas y «arrojar mayores indicios de su participación», señala.

«Pudo haber procurado la ventaja o adjudicación en la resolución de diversos contratos», sostiene y destaca la gravedad de sus actos: «No solo han puesto en riesgo la integridad de las organizaciones a las que, para el caso de los funcionarios, pertenecen sino que el perjuicio causado a la sociedad en general adquiere una relevancia incalculable».

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