La Fiscalía quiere que se indague en los pagos de la RFEF al hijo de Negreria
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado en el marco del 'caso Soule', relativo a las presuntas irregularidades en la gestión de Ángel María Villar como presidente de la Real Federación Española de Fútbol
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado en el marco del 'caso Soule', relativo a las presuntas irregularidades en la gestión de Ángel María Villar como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que se oficie a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para que en un nuevo informe se pronuncie sobre una serie de pagos que hizo la RFEF al hijo del ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira.
Fuentes fiscales consultadas, apuntan que de esta manera se informa al juez instructor, Alejandro Abascal, quien interesó su criterio sobre la petición de La Liga, que quería que investigara esos pagos. Se trata de unos 4.400 euros que la RFEF habría pagado en varias tandas entre 2011 y 2016 a Javier Enríquez, según avanzó Vozpopuli.
Fuentes del caso, han explicado que en su día La Liga ya pidió en el marco del 'caso Soule' que la RFEF aclarara una serie de pagos que estarían injustificados, pero que una vez conocido el ya denominado 'caso Negreira' ha insistido en aclarar este extremo.
Cabe recordar que el responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1 acordó el pasado agosto prorrogar sus pesquisas sobre 'Soule' a la espera de recibir varios informes pendientes. En los últimos remitidos por la IGAE, advertía al instructor de la existencia de irregularidades de distinta índole en las obras y la construcción de varios campos de fútbol en España.
Precisamente, el pasado 22 de febrero trascendió que Anticorrupción respaldaba otra petición de La Liga y pedía la imputación del que fuera presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) hasta 2019 Victoriano Sánchez Arminio. El ente dirigido por Javier Tebas pidió a la Audiencia Nacional que se le investigara por el presunto desvío de 8 millones de euros que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) debía destinar a los árbitros.
En el informe de la fiscal Inmaculada Violán, al que tuvo acceso esta agencia, Anticorrupción se adhería a varias de las diligencias solicitadas por La Liga si bien rechazaba que se investigara por estos hechos a la propia RFEF.
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