En el Congreso de los Diputados se vivió una lucha encarnizada en la jornada de este 7 de marzo. El motivo fue la aprobación para que comiencen los trámites que buscan reformar la ley del «solo sí es sí» y de la cual Irene Montero, ministra de Igualdad del Gobierno de España, es la principal promotora. Si entre Unidas Podemos (UP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) habían enormes fracturas debido al reglamento que rebaja penas a abusadores sexuales, la sesión de este martes las agudizó aún más.

Los señalamientos no se detuvieron. Desde Podemos hubo indignación porque el respaldo para la reforma contó no solo con votos del PSOE, sino del Partido Popular (PP) de centroderecha, y otras agrupaciones. Así, el reclamo de Podemos quedó desplazado por una mayoría aplastante de 231 votos, frente a 58 en contra (UP, EH Bildu, ERC) y 56 abstenciones.

La diputada y secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, ha sido la encargada de promover la modificación del «aspecto penal» de la norma que ha rebajado penas de 730 delincuentes sexuales.

Y en un episodio de autocrítica absoluta —el PSOE apoyó la ley en su inicio—, aseveró que junto a los aliados «estamos cansados de sus peroratas, dejen la hipérbole y hablen de soluciones», en referencia a Unidas Podemos.

Lo dijo mientras Irene Montero negaba con la cabeza, acompañada solamente por la diputada y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. Ningún otro ministro de Podemos estuvo presente.

 Pedro Sánchez ausente
Sin embargo y a pesar de las acusaciones cruzadas que hubo en el Congreso de los Diputados, la próxima reforma a la Ley Montero «no evitará que las rebajas de condena y excarcelaciones sigan sucediéndose». El  Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pronostica que sus efectos podrán extenderse «hasta cinco años con centenares de nuevas revisiones».

Más de 4000 agresores sexuales cumplen condena en las cárceles españolas, por eso la previsión se extiende en esa cantidad de tiempo. El daño ya está hecho y el PSOE busca contenerlo, pero el intento luce insuficiente.

En paralelo, hay posiciones tibias de ciertas figuras que lucen más como una excusa para no verse atrapadas en la pugna de la alianza izquierdista. Por ejemplo, Yolanda Díaz, vicepresidente segunda del Gobierno de España, prefirió callar y votar cabizbaja a favor de la reforma. Por otro lado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni siquiera asistió ni votó en la reciente sesión. Tampoco lo hizo la diputada socialista Carmen Baños.

La excusa fue que no votaron porque se trata de «algo habitual cuando no corren peligro las votaciones y tienen agenda». Pero la lectura que dan los medios españoles es otra. Lo tildan de «poco creíble», ya que el presidente del Gobierno español solo tenía entre sus compromisos asistir al Congreso. Los ánimos parecen no calmarse y para empeorar el panorama, esto ocurrió un día antes del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y fecha que el feminismo usa como tarima ideológica.

 Montero también habló. Para ella, «el PSOE se da la mano con el PP» con el fin de «volver al código penal de la violencia y la intimidación». Agregó que es «una mala noticia para las mujeres». De esta manera la ministra de Igualdad continúa ignorando las consecuencias de una ley sobre la cual sobraron advertencias previo a su aprobación inicial.

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