Salpicados algunos agentes por esta trama de corrupción que ensucia el nombre del Instituto Armado la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha pedido este sábado al Gobierno de coalición que forman PSOE y Unidas Podemos que "no desvíe la atención" de los posibles políticos implicados en la red corrupta que investiga el caso Mediador y acepte una comisión de investigación al respecto en el Congreso de los Diputados.

Sostienen fuentes de la asociación de Guardias Civiles que cualquier parte implicada "debe asumir su responsabilidad" y que al Ejecutivo "no le debería temblar el pulso" a la hora de combatir la corrupción. Para ello, aseguran, debería desarrollar mecanismos "fiables y transparentes" con los que lograr este objetivo.

Declaraciones después del cese fulminante por parte de Interior del coronel de Tenerife José María Tienda Serrano, cuyo nombre aparece en el sumario del caso y al que se relaciona con otro empresario canario implicado en la trama, y de que el diario El Mundo haya denunciado que desde hace ocho meses el departamento de Fernando Grande Marlaska frena la investigación de la corrupción dentro de la Guardia Civil.

Últimas informaciones sobre un caso de corrupción por el que el PP ha presentado una petición para que se celebre una comisión de investigación en la Cámara Baja a la que no ha dudado en oponerse el PSOE. Los socialistas sostienen que sólo afecta a su exdiputado, Juan Bernando Fuentes Curbelo, considerado uno de los cabecillas de la red corrupta.

Tampoco Unidas Podemos ha avalado la petición del PP bajo la justificación de que no participará en una cacería política liderada por los de Núñez Feijóo, aunque no descartaría su apoyo en caso de la que la comisión sea registrada por otros partidos. Es más los morados son partidarios de que sea el propio PSOE el que impulse la comisión para analizar lo ocurrido en dependencias del Congreso y depurar las responsabilidades que sean necesarias.

Es por ello por lo que desde la AUGC defiende que "se deja ver una estrategia por parte del Gobierno y los socios de gobierno, como Unidas Podemos, para desviar la atención de los posibles políticos implicados que también pudieran estar involucrados en el caso y desviar y centrar solo el interés por los casos de corrupción en la Guardia Civil". Es más, esta asociación sostiene que no es entendible que Unidas Podemos niegue el apoyo a la comisión dado que es algo que, dicen, debería tener un apoyo "unánime".

A la espera de que prospere o no esta comisión, de momento doce personas han entrado ya en prisión preventiva por su supuesta implicación en esta trama de corrupción, entre ellos el general de División retirado Francisco Espinosa Navas, que está acusado de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a grupo criminal organizado.

Por su parte el que fuera parlamentario socialista, Fuentes Curbelo, sigue en libertad, tras el registro esta semana de su despacho en el Congreso, y ha solicitado incluso la indemnización como exdiputado.

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