El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska debe dimitir. Ha perdido el control del Ministerio del Interior y lo demuestran hechos como la insostenible situación en la que mantiene a la Guardia Civil, un cuerpo policial discriminado en salarios y en condiciones laborales, con una plantilla escasa y en la que condiciones de conciliación familiar o el principio de mismo sueldo para igual trabajo no existen. Junto con una cada vez mayor penuria de medios materiales a la que se suma la vergüenza que supone para miles de guardias civiles, quienes dan lo mejor por cumplir con su labor de servidores de la ley, conocer nuevos y más profundos casos de corrupción.

El secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño, quien ha comparecido en rueda de prensa en Barcelona para informar de la situación de los guardias civiles en esta comunidad, ha pedido la dimisión del ministro además por sus incumplimientos.

“En enero de 2022 me reuní con él como representante de JUCIL. Me anunció en su despacho que la declaración de Cataluña como Zona de Especial Singularidad se produciría en breve. Ha pasado más de un año y no sabemos nada de ese cambio que supondría incentivos para los guardias civiles destinados en sitios donde soportan condiciones de odio que no existen en otros lugares de España”, ha dicho Vilariño.

“Es un incumplimiento del que el principal responsable es el ministro, un cargo político tan tocado que recuerda a un boxeador sonado que apenas se mantiene en pie, pero que, como le ocurre a Grande-Marlaska, ya no es consciente de lo que pasa, porque el departamento que se le ha ido de las manos”, ha comentado Vilariño.

Colonización de competencias y expulsión soterrada

 Milagros Cívico, secretaria provincial de JUCIL en Barcelona ha precisado que “en los últimos años el Ministerio del Interior ha permitido una colonización de competencias de la Guardia Civil por parte de los Mossos D’Esquadra, como ha ocurrido en el caso del Servicio Marítimo, donde a pesar de no tener más competencias que en aguas interiores, los responsables políticos de la policía autonómica han expresado su intención de ir más allá de donde permite la normativa.

“Sufrimos un abandono en el que colabora el Ejecutivo ya que, al no estar dentro del operativo del servicio de emergencias 112 en Cataluña, no se avisa ni al Servicio Marítimo, ni al Seprona en las situaciones de emergencia, con el perjuicio que esto ocasiona a los ciudadanos”.

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