Es la gran pregunta del «Caso Mediador». ¿Con quién mantuvo reuniones el diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, en el propio Congreso, antes de que saltara por los aires el escándalo que mezcla corrupción y fiestas con drogas y prostitución?

Y no tendrá respuesta porque, tal y como ha podido constatado El Debate con un documento oficial de la secretaría general del Congreso de los Diputados, presidido por Meritxell Batet, se han eliminado sorprendentemente todas las pruebas que hubieran desvelado la identidad de los visitantes del célebre Tito Berni.

«Durante su estancia en el recinto parlamentario el visitante deberá permanecer en todo momento acompañado por la persona a la que visita. Con carácter semanal, los datos de las visitas se ponen a disposición de los Servicios de Seguridad de la Cámara para su custodia, siendo destruidos en los plazos establecidos por la normativa vigente, por lo que, dado el tiempo transcurrido, no existen datos de las visitas que tuvo el Sr. Fuentes Curbelo», desvela la resolución de la Secretaría General del Congreso, a cuyo frente está el letrado Carlos Gutiérrez Vicén.
  
 Es el mismo modus operandi colaboracionista con Batet ya fue visto en otros casos polémicos, como la negativa a permitir el voto presencial del diputado popular Alberto Casero, que supuso la validación de la reforma laboral del Gobierno al negarse a aceptar un error con su voto telemático que validó la propuesta del Gobierno pese al rechazo del PP, que se hubiera impuesto de haber contado con esa papeleta virtual otorgada por error a Pedro Sánchez.

Las prisas de Batet por dar por zanjado el asunto en favor del Ejecutivo contaron con el respaldo de la Secretaría General en otro informe de 14 páginas, sin firma de un autor nominativo como en el caso del Tito Berni: el nombre de Gutiérrez Vicén solo aparece en un anexo, encabezando la explicación técnica de los pasos dados por Casero antes de respaldar por error al Gobierno.

El mismo secretario general también salió al rescate de la presidenta socialista del Congreso en el caso de la retirada del escaño a Alberto Rodríguez, entonces de Podemos: en este caso sí firmó un segundo informe que respaldaba la decisión de Batet de quitarle el acta al político canario, condenado a 45 días de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación para cargo público, en contra de lo que sólo unos días antes concluía otro informe de la propia Secretaría General, esta vez sin rúbrica, donde se defendía la restitución de su condición de diputado.

La eliminación del registro impide ahora, con un sencillo visionado, saber las fechas exactas y las personas concretas que acudieron a la Cámara Baja a ver a Tito Berni, unos datos fundamentales para conocer hasta dónde se utilizó al Congreso como «oficina» de la trama corrupta.

Batet ha borrado pruebas cruciales para saber a quién veía Tito Berni en el Congreso, señalado como epicentro de la trama de corrupción.

La decisión de borrar las pruebas se sustenta en una supuesta obligación de eliminar el registro de visitas de todos los diputados, que queda consignado a la entrada del Congreso: antes de acceder a él, se recoge el nombre y el DNI de la persona o personas citadas por cualquier miembro de la Cámara, lo que hubiera permitido conocer al milímetro la actividad de Tito Berni.

La justificación de que, según la normativa, ése es el proceso rutinario a seguir es, cuando menos, difusa. Porque el único reglamento existente al respecto, el Código de Conducta de las Cortes Generales, al que se remite, no obliga a eliminar la información que, sin embargo, se ha eliminado.
 
Esta «Biblia» de los diputados, aprobada en 2020 bajo la Presidencia de la propia Batet, señala en su Preámbulo que esta regulación garantiza «la ejemplaridad y transparencia» de la conducta de los parlamentarios que como representantes del pueblo «ha de responder a los más exigentes imperativos éticos».

Es decir, si algo debía haber provocado ese Código es la obligación de Curbelo de informar de sus reuniones, tal y como impone el punto 2 del artículo 6 del mismo: «Asimismo, los miembros de las Cámaras deberán hacer pública su agenda institucional en el correspondiente Portal de Transparencia, incluyendo en todo caso las reuniones mantenidas con los representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés».

Y añade, para dejarlo más claro: «A estos efectos (…) tendrán la consideración de grupo de interés, lobby o lobista, aquellas personas físicas o jurídicas o entidades sin personalidad jurídica que se comuniquen de forma directa o indirecta con titulares de cargos públicos o electos o personal a su cargo en favor de intereses privados, públicos, particulares o colectivos, intentando modificar o influir sobre cuestiones relacionadas con la elaboración o la modificación de iniciativas legislativas».

Sin embargo, Batet se ampara en la conducta individual de cada parlamentario –todos ellos deben responder de la veracidad de lo que han comunicado, artículo 6.3–, para así desprenderse de cualquier responsabilidad en este asunto cuando El Debate le ha preguntado sobre las comunicaciones efectuadas en este sentido.

Datos destruidos
En la respuesta dada por la Secretaría General del Congreso que preside Batet se afirma tan solo que «con carácter semanal los datos de las visitas se ponen a disposición de los Servicios de Seguridad de la Cámara para su custodia» y que los mismos han sido destruidos dado el tiempo transcurrido según «los plazos establecidos por la normativa vigente».

Batet y sus servicios jurídicos no han respondido a la pregunta clave de este periódico, de manera que no es posible saber si esas comunicaciones previas de Curbelo existieron o no, a pesar de que se da por documentado en la investigación que usó el Congreso para sus reuniones ajenas a su condición de parlamentario.

Según el artículo 72.3 de la Constitución Española, corresponden a la Presidenta del Congreso todos los poderes administrativos y las facultades de policía en la Cámara: si algo quiere conocer, tiene todas las herramientas para saberlo, en definitiva.
 
Hasta en ese caso, pues, Batet podía haber paralizado la supresión de las pruebas de los encuentros de Fuentes Curbelo, así como el listado escrito de las visitas físicas que tuvo mientras era diputado, algo que según la Fiscalía ocurrió: tanto en el Congreso cuanto en la sede central de la Guardia Civil en Madrid se mantuvieron reuniones en las que, a cambio de un peaje inicial de 5.000 euros, se engrasaba la maquinaria para que determinados empresarios lograran supuestos contratos públicos. Todo ello se celebraba posteriormente en grandes banquetes y veladas con prostitutas.

«La existencia de una trama formada por autoridades, altos cargos públicos y otras personas intermedias de aquellas que ofrecían a distintos empresarios la posibilidad de obtener privilegios en el ámbito de la contratación pública u otras manifestaciones o beneficios derivados del sector público a cambio del pago de regalos, dádivas, entregas de dinero u otros obsequios», reza el escrito de la acusación pública.

La sorprendente eliminación del registro de visitas de Fuentes Curbelo corona la secuencia de aparentes «ayudas» que recibió desde el propio Congreso o desde el Gobierno desde que trascendiera su implicación en el caso.

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