«El suelo ha sido secuestrado por los ayuntamientos y por las comunidades autónomas, que durante décadas lo han utilizado para la consecución de objetivos políticos». Así se manifestaba el lunes el vicepresidente de Acción Política y eurodiputado de VOX, Jorge Buxadé, en su comparecencia ante los medios. Denunciaba que la mayor parte de  casos de corrupción en consistorios y administraciones autonómicas tenía su origen en las políticas de suelo.

Un ejemplo cercano en el tiempo es el caso del Ayuntamiento socialista de Carboneras (Almería), donde su alcalde, José Luis Amérigo, a quien el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado unos días antes de multarle sentencia que le obliga a desclasificar urbanísticamente el suelo donde se asienta hotel de la playa del Algarrobico. Y así lo ha manifestado en una pregunta al Gobierno la senadora de VOX Pepa Millán, quien destaca en su exposición de motivos que «éste es sólo un caso de los que se han producido en España».

La formación que preside Santiago Abascal aboga por «liberalizar el suelo» y «proteger el derecho a la propiedad privada..  Porque «esta falta de liberalización de suelo» ha provocado que , la vivienda en España se haya convertido en un problema, tanto para inquilinos, debido al alto porcentaje que deben de pagar para alquilar una vivienda, consecuencia de la inseguridad jurídica que sufren los propietarios, como para los propietarios, quienes no tienen asegurado su derecho a la propiedad privada», argumenta Millán en su escrito al Gobierno.

La senadora también se refiere a la  vivienda social, que «en España está muy lejos de equipararse a la media de la Unión Europea, pues le faltan dos millones de viviendas para alcanzarlo». Y así, llegamos, dice Millán a un panorama inmobiliario «desolador: propietarios que, ante la inseguridad jurídica y la impunidad de los okupas, no se atreven a poner en alquiler su vivienda. Ello tensiona el mercado, y hace que los inquilinos paguen un porcentaje de su sueldo prohibitivo». Además, «el Gobierno ha obviado la construcción de vivienda social hasta que ha llegado la precampaña electoral», lamenta.

Y es por ello que pide al Gobierno los «datos de los proyectos de construcción de vivienda nueva que están ahora mismo paralizados porque las tramitaciones en los ayuntamientos o las comunidades autónomas están paradas». Además, solicita «el dato de licencias de obra están paralizadas, así como de licencias de rehabilitación de viviendas».

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