En el número 18 de la calle madrileña Beatriz de Bobadilla se encuentra la sede de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas. FIIAPP para abreviar. Se trata de una fundación millonaria del Gobierno de España que dice dedicarse a la cooperación internacional. La preside Nadia Calviño en calidad de vicepresidente primera del Gobierno.

Los ministros de Exteriores y Justicia, José Manuel Albares y Pilar Llop, son también miembros del patronato, al igual que las destacadas podemitas Lilith Verstrynge y Ángela Rodríguez Pam. 

El 2 de diciembre de 2022, un grupo de agentes de la Oficina Antifraude Europea registraron durante cinco días la citada oficina. Clonaron los discos duros y emails de treinta y tres trabajadores de la fundación, empezando por su directora, la exeurodiputada socialista Anna Terrón. Entre ellos, el nombre de Francisco Javier Espinosa destacó sobre el los demás.

 Espinosa era responsable del programa europeo GAR-SI Sahel para la estabilización de los países del Sáhel africano mediante la formación, dotación y monitorización de sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con un presupuesto de 41,6 millones de euros para el periodo 2016-2021, según declara la FIIAPP en su página web. 

El pasado 15 de febrero, dos meses y medio después de las pesquisas de la Oficina Antifraude Europea, Espinosa fue detenido por la Policía española en el marco del Caso Mediador, la red de corrupción política, tráfico de influencias, explotación sexual y consumo de estupefacientes amparada por las siglas del Partido Socialista Obrero Español.

El nombre de Espinosa puede no haber adquirido tanta relevancia pública como el del diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, pero tiene el dudoso honor de haber sido el único investigado del caso enviado a prisión tras su detención, donde permaneció hasta el pasado 4 de mayo. 

La Oficina Antifraude investigaba varios contratos firmados por la FIIAPP que Espinosa presuntamente habría amañado en favor de empresas de la trama Mediador, previo pago de las mordidas preceptivas. Una de estas empresas era Asesoramiento y Servicio de Drones SL, con la que el Ministerio de Grande-Marlaska ha seguido contratando incluso tras la detención en febrero de su CEO, José Suárez Esteve, El Drones. El Ejecutivo aragonés del socialista Lambán también llegó a contratar con esta empresa a finales de 2021. 

La posible malversación de dinero del contribuyente europeo es lo que instó a actuar a la Oficina Antifraude e hizo a la Fiscalía Europea asumir, a mediados de abril, la instrucción de parte de la causa incoada por los tribunales españoles. Ambas, Oficina Antifraude y Fiscalía Europea, son organismos independientes.

La Comisión Europea que preside Ursula von der Leyen financia buena parte de los proyectos gestionados por la FIIAPP, y se supone que tiene sus propios mecanismos de control y fiscalización. Como también se supone que los tiene el Parlamento Europeo, aunque tuvo que ser la Fiscalía belga la que destapase el Qatargate (que es también, no lo olvidemos, Marruecosgate). Parece que los mecanismos propios no funcionan: ni la Comisión ni el Parlamento han sido conscientes de la corrupción que cobijaban, o, cuando menos, no hacían nada para atajarla.

Por otra parte, si bien la definición técnico-jurídica de la corrupción será la que sea, es bastante más borrosa la distinción moral entre lo que es malversar y lo que no, especialmente en el caso de la FIIAPP.

De acuerdo con la información facilitada en su página web, además de al proyecto GAR-SI Sahel, los fondos europeos se han destinado, por ejemplo, al «intercambio de experiencias y promoción de fuentes renovables y eficiencia energética en Cuba» (4,3 millones de euros entre 2018 y 2024), a «fortalecer las capacidades operativas de las instituciones marroquíes en la gestión integrada de fronteras de acuerdo con el enfoque humanitario» (44 millones de euros entre 2019 y 2022), a «promover la convivencia basada en el género y los derechos humanos» en Marruecos (5,5 millones de euros entre 2017 y 2022), o al «fortalecimiento institucional del Ministerio de Comunicación de Marruecos» (1,5 millones de euros entre 2018 y 2020).

El propósito de la fundación es «mejorar el mundo», según reza el enorme banner que encabeza su página web, en el que se enarbolan de forma un tanto orwelliana los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible comprendidos por ese evangelio laico que es la Agenda 2030.

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