La nueva Ley de Vivienda recibió el miércoles su aprobación definitiva en el Senado, de forma que la norma impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y sus socios ya está en vigor tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado.

A favor de la Ley en la Cámara Alta han votado PSOE, ERC, Bildu, Más Madrid, ASG, Compromis, Més per Mallorca y Teruel Existe. En contra se han posicionado PP, PNV, Junts, Vox, Ciudadanos, PAR y UPN, mientras que PRC se ha abstenido.

Pese a que algunas de las herramientas legales contempladas por la nueva legislación dependen de su activación por las comunidades autónomas, otros mecanismos ya están plenamente en vigor.

Es el caso, por ejemplo, del tope a la actualización del alquiler de los contratos vigentes, el suministro de información mínima en las operaciones de compra y alquiler, las prórrogas de arrendamiento a las personas vulnerables, la modificación de la figura de "gran tenedor", los cambios en los procedimientos de desahucio o el recargo del IBI a las viviendas vacías, entre otros aspectos.

Coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva norma, las agencias inmobiliarias han dado la voz de alarma sobre un hecho que achacan directamente a la legislación aprobada por el Ejecutivo, y no es otra que la fuga de propietarios del alquiler de vivienda habitual hacia otras modalidades, como la venta.

En concreto, la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) asegura que esta fuga ya ha sido detectada por las agencias inmobiliarias que trabajan con pequeños propietarios, y especialmente en grandes ciudades.

El presidente de la federación, José María Alfaro, apunta a la elevada incertidumbre que existe, en estos momentos, entre los arrendadores, y lamenta que las "prisas electorales" hayan dado luz verde a una ley que no ataja de raíz el grave problema que existe en España con la vivienda.

Además, el representante de las inmobiliarias alerta de que la Ley de Vivienda terminará siendo contraproducente, perjudicando a los inquilinos y a los pequeños propietarios.

El pasado mes de abril, FAI ya avisó en un comunicado acerca de los peligros de la nueva legislación, y lamentó que "la primera Ley de Vivienda de la democracia sea un experimento político" que ha ignorado "todas las advertencias de los expertos".

En este sentido, la Federación presagió que los propietarios se verían incentivados a retirar los inmuebles del mercado del alquiler o destinarlos "directamente al alquiler vacacional o coliving".

Estos avisos de unen a los emitidos el miércoles por Alquiler Seguro, que apuntaba que la "incertidumbre" generada por la normativa ya está retirando oferta de vivienda en alquiler. "Las peticiones para poner a la venta viviendas que ahora están en alquiler se han duplicado", aseguraba el presidente de la compañía inmobiliaria, Antonio Carroza.

De igual forma, los primeros efectos confirmados por las inmobiliarias se suman a otras consecuencias, como la decisión de Merlin Properties de continuar apartada del sector de vivienda en España. La primera inmobiliaria del Ibex 35 reafirmó que no invertirá en inmuebles residenciales en nuestro país "con la actual regulación improvisada y cambiante".

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