Este sábado día 3 de junio de 2023, previa retención ilegal y trato vejatorio durante varias horas en el aeropuerto de El Aaiún (Sáhara Occidental), las fuerzas de ocupación marroquíes han expulsado a las abogadas españolas Inés Miranda y Lola Travieso.

Las abogadas, acreditadas por el Consejo General de la Abogacía Española, viajaron al territorio del Sáhara Occidental con el fin de investigar las denuncias de graves violaciones de Derechos Humanos formuladas por activistas y familiares de presos políticos saharauis perpetradas por las fuerzas de ocupación marroquíes en el Sáhara Occidental.

Cabe destacar que, el Sáhara Occidental se encuentra en el listado de Naciones Unidas de territorios pendientes de descolonización y que, legalmente, España es su Potencia Administradora, sin embargo, desde que abandonó el territorio en 1975 viene incumpliéndose la obligación, no sólo de descolonizarlo sino de informar sobre la situación de su población, conforme exige el Art. 73 de la Carta de Naciones Unidas. 

Desde que Marruecos invadió la parte occidental del territorio se han registrado y denunciado numerosos casos de persecución, secuestro, desapariciones forzosas y ejecuciones sumarias contra la población civil, hechos estos que se investigan ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Así mismo, con la interrupción del cese al fuego auspiciado por NNUU el pasado noviembre de 2020 y la reanudación de las hostilidades entre las partes, esta asociación ha podido constatar un alarmante aumento de la represión y la persecución política contra la población civil saharaui en las zonas ocupadas por Marruecos.

Esta acción de impedir el acceso a observadores internacionales, también afecta al Enviado Personal del Secretario General de Naciones Unidas, Steffan De Mistura, que lleva dos años intentando acceder al territorio para cumplir con la mision que le encomienda la comunidad internacional en la búsqueda de una solución del conflicto, así como a numerosas relatorías especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a cualquier ONG que pretenda esclarecer los graves crímenes perpetrados por Marruecos sobre el Pueblo del Sáhara Occidental.

Por todo ello,

"Reiteramos nuestra protesta y exhortamos a la Comunidad Internacional en general y al Gobierno de España en particular a que exijan el cumplimiento de la legalidad internacional en el Sáhara Occidental y la protección de los derechos humanos del pueblo saharaui", denuncia la Abogacía en un comunicado.

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