La portavoz del GPP denuncia que el precio de “la ruptura de la igualdad
entre los españoles” es el pago de más de 2.000 millones por cada uno 
de los siete votos de ERC en el Congreso de los Diputados, a cambio de
que apoyen la investidura de quien perdió las elecciones.

“Mientras los españoles pagan sus hipotecas porque nadie se las 
condona, ven que quien perdió las elecciones está dispuesto a 
condonar una deuda de 15.000 millones que pagaremos el resto de 
los españoles en base a impuestos”, censura.

Critica que, una vez más, la presidenta del Congreso sigue sin fijar la 
fecha de la investidura de Sánchez y declara hábiles los festivos “por si 
Puigdemont considera que esos son los días en los que debe celebrarse 
la investidura”.

 Agrega que esto vuelve a demostrar que “el PSOE permite que los hilos 
de nuestra democracia los esté manejando Puigdemont desde la 
clandestinidad”.

 Denuncia que, tras un mes sin convocarse la Junta de Portavoces, los 
problemas y preocupaciones de la sociedad “han sido aplazados” en el 
Congreso de los Diputados porque “de lo único de lo que estamos 
pendientes es de lo que decide un prófugo de la Justicia”.

Afirma que, entre las cuestiones aplazadas, figuran iniciativas y 
solicitudes del Grupo Popular que exigen un control a un Gobierno en 
funciones, y que hoy se han vuelto a quedar encima de la mesa -sin 
someterse a votación-, como la crisis migratoria en Canarias.

Remarca que “las cesiones que Sánchez está dispuesto a llevar a cabo 
todavía no han terminado” y que la amnistía, el referéndum “que se intuye 
de manera velada” y la condonación de los 15.000 millones significan 
“hipotecar” el Estado de derecho, la igualdad de los españoles y la ruptura 
democrática de la financiación autonómica.

Añade que la condonación de los 15.000 millones nada tiene que ver 
con la mejora de la financiación de las Comunidades y que la 
negociación y las cesiones de Sánchez a los independentistas no tienen 
paragón y generan españoles de primera y de segunda.

Defiende que el marco para abordar la reforma del sistema de financiación 
es el multilateral, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y 
no el bilateral, entre Sánchez y los independentistas.

“No nos vamos a quedar callados ni quietos y vamos a movilizar, 
desde el punto de vista institucional, jurídico y político, todos los 
instrumentos a nuestro alcance para defender el Estado de derecho, la 
separación de poderes y la igualdad de los españoles ante la ley en el 
acceso a los servicios públicos”, remarca.

Defiende la reforma del reglamento propuesta por el PP en el Senado,
que responde a su compromiso sobre regeneración institucional del 
programa electoral, para que las leyes tengan la calidad suficiente, sean 
beneficiosas para la sociedad y no generen perjuicios, como sucedió con 
la ley del ‘sí es sí

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