Ignacio Garriga, ha señalado que el caso Koldo-Ábalos evidencia que el Partido Socialista «tiene la delincuencia en su ADN» y demuestra que «cuando está gestionando lo único que hace es beneficiarse a sí mismo y a los suyos».

«Y nosotros, lo dijimos ya en 2020, vamos a llegar hasta el final», ha añadido, antes de reiterar que quieren conocer el papel también del exministro de Sanidad Salvador Illa y de todos que estaban informados y «prefirieron callar», y van a pedir comisiones de investigación parlamentarias.

 Así, ha retirado que la exigencia del PSOE «no cambia absolutamente nada» de la «gravedad» de los hechos y ha tildado de «insultante» que los socialistas hablen de «motivos de responsabilidad política». «Si hablamos de responsabilidad política es el momento de empezar por el primero, Pedro Sánchez (…) Hay que llegar hasta el final y eso es lo que nosotros exigimos», ha agregado.

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En este sentido, ha reiterado que exigir el acta es «un teatro más» del PSOE. «No tenemos ninguna duda de que han suscrito con Ábalos su indulto o su amnistía dentro de un tiempo. El PSOE está protagonizando un nuevo engaño». «Mientras los españoles se morían, muestras nuestros ancianos se morían en ellos se dedicaban a lucrarse (…), es el claro ejemplo de que el PSOE es una organización criminal que no tiene escrúpulos y que tiene en su ADN la corrupción», ha subrayado.

En la rueda de prensa, ha valorado también la intensa agenda internacional del presidente de la formación, Santiago Abascal, que intervino el pasado viernes en la CPAC, el gran evento anual de la derecha estadounidense, donde se reunió con el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, un encuentro enmarcado en la estrategia de seguir perseverando para fortalecer las alianzas por todo el mundo para «combatir el socialismo y esas agendas globalistas». «Un agenda internacional que es incomparable con cualquier otro líder político de ámbito nacional».

Y ha reiterado el apoyo de VOX a las movilizaciones del sector primario, que han vuelto a Madrid este lunes, ante sus «legítimas» protestas contra una legislación «suicida» que les condena a la ruina y a la precariedad, que es apoyada por todo el arco parlamentario español excepto VOX, «desde Bildu hasta el Partido Popular».

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