Manuel García-Castellón se ha convertido en un juez omnipresente en este delicado momento de la legislatura. El titular del Juzgado 6 de la Audiencia Nacional, cuya imputación por terrorismo contra Carles Puigdemont ha paralizado la amnistía, ha sido el designado para ejercer de magistrado de garantías en la investigación abierta por la Fiscalía Europea sobre los contratos que los gobiernos de Baleares y Canarias suscribieron con la trama del 'caso Koldo' a cargo de los fondos Feder.

El modelo de trabajo de la acusación pública comunitaria es diferente al que rige en España. En una causa ordinaria de la Audiencia Nacional es el juez quien toma las decisiones y dirige la instrucción. Con los fiscales delegados, el papel del magistrado es el de tutelar los derechos de las partes afectadas por las pesquisas.

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 Fue la Fiscalía Europea la que inició la investigación tras recopilar información adicional de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, quienes investigan en España a siete miembros del 'caso Koldo'.

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