La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica ha presentado una querella contra la ex directora general del Ministerio de Justicia, Sofía Puente, por un presunto delito de prevaricación.

El escrito, de 16 de abril,  denuncia que la Ley de Memoria Democrática sólo otorga la nacionalidad a los hijos o nietos de exiliados políticos y con carácter ideológico durante la dictadura franquista. Sin embargo, excluye a todos aquellos que tuvieron que abandonar el país por motivos económicos.

«El PSOE buscaba únicamente nacionalizar nuevos votantes, con un claro beneficio partidista, a través de una ley que es injusta y arbitraria», explican los querellantes, estas nacionalizaciones exprés ya fueron denunciadas por Impacto España Noticias, noticias por las que Oscar Puente, su hermana, Sofia Puente, y el cuñado de Oscar Puente, el fiscal, Manuel Javato, han denunciado a este medio, al decir que mentíamos en varias noticias.

La Ley 20/2022 de 19 de octubre, aprobada por Sofía Puente cuando estaba al frente de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, lleva un año y medio en vigor. Ahora, el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que el plazo para que los exiliados por la dictadura franquista y sus descendientes puedan solicitar la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática, que se extenderá un año más, es decir, hasta finales del año 2025.

Según el ministro, se ha optado por prorrogar la ley un año –con respecto al plazo inicial establecido que era hasta finales de 2024– porque, explicó, «los trámites para adquirir la nacionalidad no son fáciles, se trata de un proceso complejo y, por tanto, han decidido desplegar esta prórroga para beneficiar a miles de personas que abandonaron el país por cuestiones políticas». 

 Hasta el momento, al menos, 69.000 personas han recibido la nacionalidad española en todo el mundo, especialmente en países de Iberoamérica, acogiéndose a esta ley, el gobierno hizo una gran inversion para que todas estas nacionalizaciones se hicieran antes de las elecciones.

Sin embargo, ahora han llevado esta norma ante los tribunales al considerarla injusta y arbitraria. Los querellantes también solicitan la nulidad de la misma porque «la Ley 20/2022 en lo relativo al otorgamiento de la nacionalidad española sólo puede desarrollarse mediante real decreto u orden ministerial, pero nunca por medio de una instrucción como ha ocurrido».

Los querellantes señalan que la Ley de Memoria Democrática (popularmente conocida como Ley de Nietos) sólo beneficia a los «exiliados por cuestiones políticas» durante el franquismo, pero no se menciona a los «los emigrantes por razones económicas».

«Las Cortes Generales debatieron la totalidad del Proyecto de Ley entre julio de 2021 y octubre de 2022 (durante 16 meses), sin aparecer referencia alguna a los exiliados económicos o por otros motivos (únicamente la enmienda de Ciudadanos, que fue rechazada en dos ocasiones, de modo sorprendente).

Únicamente se hace referencia a los exiliados por motivos políticos, ideológicos o de identidad sexual o creencias. Pero no por razones económicas o de otro tipo«, exponen en el escrito presentado ante el juez.

Así, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica explica que «la ley hace una exclusiva mención al exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, y sólo otorga nacionalidad directa –sin acreditar estas pruebas de ser exiliados– a los hijos de madres que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros y a los hijos de los nacionalizados por la Ley de Memoria Histórica de 2007 (Ley 52/2007)». Por ello, desde la asociación se preguntan:

«¿Y qué sucede, por ejemplo, con los cientos de miles de españoles que emigraron al extranjero desde muchos pueblos y ciudades de nuestro país en los años 1940, 1950 y 1960 del siglo XX por existir una situación económica en España muy precaria en todos esos años en busca de una vida mejor?

¿Qué ocurre con los exiliados económicos y por otros motivos diferentes a los políticos, que fueron la inmensa mayoría de los que hubo en especial desde 1945 hasta 1960? Concluyen:

«Esta Ley, impulsada desde el Gobierno socialista, no les incluye en modo alguno, sólo incluye a los exiliados políticos e ideológicos, fundamentalmente del bando republicano«.

 Sin embargo, los querellantes citan datos muy relevantes recogidos de un artículo publicado por  Salvador Palazón, de la Universidad de Alicante. Sus cifras registran que entre 1936 y 1939 solo emigraron de España a Hispanoamérica 14.440 personas y de 1940 a 1945 se marcharon 20.116 españoles.

Por tanto, entre 1936 y 1945 se fueron apenas 34.500 personas, un 85% menos que en 1920 y 1930. Y, explican en la querella, «de 1946 a 1950 aumentó la cifra a 131.814 españoles y de 1951 a 1958 subió a 428.401 españoles, pero la inmensa mayoría de ellos emigró por motivos económicos o de otro tipo diferente al político».

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