Ayer martes 14 de mayo el portavoz del gobierno ha anunciado que el martes 21 se debatirá y votará la toma en consideración de la nueva ley abolicionista del PSOE. La ley retoma la iniciativa del 2022 de criminalizar todo el entorno económico y habitacional del trabajo sexual además de multar severamente y generar antecedentes a los posibles clientes de cualquier tipo de servicio. 

 Ocurre un mes después de que Washington haya regulado la actividad de sus locales y una semana más tarde de que Bélgica haya aprobado que la despenalización completa que ha hecho ley también facilite no sólo el trabajo autónomo sino el asalariado en nuestro ámbito.

Recordamos entre otros mil motivos el reciente posicionamiento descriminalizador del Comisionado Europeo de Derechos Humanos, la toma en consideración del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de derogar la Ley abolicionista francesa y los posicionamientos de la unanimidad de organismos de protección de la salud denunciando el impacto negativo en la propagación de ETS de criminalizar la actividad.

También las más importantes ONGs asistenciales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch se han expresado con claridad.

 El trabajo sexual es una actividad diversa, muy heterogénea y poco accesible. Es una actividad profundamente desconocida para la inmensa mayoría de la población, entre ellos los políticos, opinadores mediáticos y periodistas. Las campañas interesadas, el silencio policial y un tratamiento en el periodismo sólo centrado en los sucesos delictivos crean la más abultada distorsión que una actividad puede sufrir. 

El informe anual del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado) ha publicado justo estos días sus datos del año 2023. Tras casi 1700 inspecciones realizadas, los casos identificados han sido: 294 víctimas de trata y 370 víctimas de explotación laboral. Sobre una población de 100.000 personas en nuestra actividad (¡Con gran rotación y temporalidad!), que creemos el cómputo más preciso, representan un 0,6% de los perfiles involucrados. 

 Ante un posicionamiento en la temática desde los partidos inconexa y hasta a veces aleatoria, basada en la disparidad de información y relatos que los representantes reciben y que nunca dibujan el conjunto con precisión, el PSOE vincula su iniciativa a ganar el apoyo del Partido Popular. Y lamentamos conocer que en el partido de Núñez Feijóo ha calado una aparente necesidad de legislar sobre una problemática que siempre viene narrada por actores externos a la misma. 

 No nos cansaremos en denunciar que no existe un estudio de rigor sobre la globalidad del trabajo sexual que justifique o al menos apalanque un cambio en una Ley orgánica como el que se propone.

Y no podemos sino insistir en pedir que nos pregunten, visiten nuestros locales y entornos y entonces si acaso valoren si realmente hay un problema específico en España con el trabajo sexual. Pero sobre todo necesitamos que escuchen que las inexorables consecuencias de clandestinizar nuestra actividad en base a convicciones, prejuicios y desconocimiento son tremendamente serias, trágicas e irreversibles. 

 #StopCriminalización 👠✊

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