El Gobierno de Portugal ha decidido endurecer su política migratoria y restringir el acceso de inmigrantes ilegales al país.

Desde el año 2017, en el país estaba en vigor una ley de extranjería aprobada por el Gobierno socialista de Antonio Costa que permitía la regularización de los inmigrantes ilegales que presentasen un declaración de interés. Ahora, el nuevo primero ministro, Luís Montenegro, ha anunciado una batería de 41 medidas entre las que se encuentra la extinción con «efectos inmediatos» de este tipo de regularizaciones.

El mecanismo que seguía hasta ahora el país suponía una suerte de legalización automática de los inmigrantes, a los que ahora se exigirá un visado de trabajo para regularizar su situación.

«Queremos poner fin a algunos mecanismos que se han convertido en un abuso excesivo de nuestra disponibilidad para acoger», en particular el procedimiento «según el cual una simple expresión de interés puede facilitar y descontrolar la entrada de inmigrantes en Portugal» , ha declarado Montenegro en rueda de prensa.

 «Es necesario regular la inmigración para dar dignidad a las personas. Portugal no debe estar ni va a estar de puertas cerradas a quienes buscan oportunidades, que tienen cualificación y que nos hacen falta, pero no podemos ir al extremo de abrir puertas de par en par sin control ni acompañamiento«, ha detallado el líder de la coalición Alianza Democrática.

Así, el Ejecutivo portugués da un giro radical a la política migratoria que hasta ahora los socialistas habían seguido en el país y va en línea con las políticas que también están empezando a aplicar otros países europeos —no así España que en el mes de mayo aprobó la toma en consideración de la regularización de 500.000 inmigrantes ilegales—.

El Plan de Acción para las Migraciones presentado por el Gobierno portugués da prioridad a los ciudadanos procedentes de países lusófonos, además de perfiles cualificados y estudiantes universitarios. El control de fronteras pasará a estar en manos de la Unidad de Extranjeros y Fronteras, de nueva creación e integrada en la Policía de Seguridad Pública. Se prevé también reforzar la Agencia para la Integración, las Migraciones y el Asilo con más personal para tratar de agilizar los procesos pendientes.

El paquete de medidas prevé un refuerzo presupuestario de 15 millones para el sector, un esfuerzo que se sumará con ingresos propios y fondos comunitarios, según ha detallado la ministra de Presidencia.

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