TRAS LAS ELECCIONES EUROPEAS DE 2024 
 Las elecciones al Parlamento Europeo en España han supuesto, respecto a las elecciones de 2019, un retroceso de 4.300.000 votos para los partidos que sostienen al Gobierno. El PSOE ha perdido 2.108.000 votos, Sumar y Podemos cuentan con 875.000 votos menos y los partidos nacionalistas y secesionistas tienen 1.320.000 votos menos.

En términos porcentuales respecto al voto emitido, los partidos de la investidura de Pedro Sánchez han bajado 8,7 puntos del 55% que obtuvieron con anterioridad.

 El mensaje de la ciudadanía es claro: el Gobierno y sus socios han perdido el apoyo de la mayoría de los españoles. La consecuencia lógica de estos resultados debería ser la convocatoria de elecciones generales para que el Parlamento y el Gobierno de la Nación respondieran a la voluntad del pueblo español, sujeto indivisible de nuestra soberanía del que emanan todos los poderes del Estado.

 Sin embargo, las entidades que constituimos la Plataforma por la España Constitucional somos conscientes de que Pedro Sánchez actúa movido exclusivamente por sus propios intereses y que el rechazo a sus políticas por parte de la mayoría de los ciudadanos no le llevará a dar la palabra a los electores, sino todo lo contrario:

acelerará el proceso de demolición del sistema de pesos y contrapesos propio de la democracia, profundizando en el ataque a la separación de poderes mediante el asalto al CGPJ, hostigando a la prensa independiente, utilizando a la Fiscalía para su defensa personal y la de su entorno familiar y, en definitiva, avanzando en la parasitación de todos los resortes del poder.

 El Partido Popular, segundo más importante dentro del grupo parlamentario del PPE, (primera fuerza en el Parlamento Europeo) debe hacer entender a sus socios en Europa el grave deterioro de la democracia que vivimos en España, la necesidad de hacer frente a este proceso también desde las instancias comunitarias y el riesgo que supondría depender en su actuación de los acuerdos con el grupo parlamentario de los socialistas europeos (S&D), donde el PSOE es la segunda fuerza más relevante y tendrá, por tanto, una notable influencia.

 La gravedad de la actuación de presidente Sánchez no afecta exclusivamente a España, sino a toda la UE.

Por ello, desde la Plataforma por la España Constitucional, consideramos que el PP, cumpliendo con lo que es el mandato implícito de los millones de votantes que le han dado su confianza, debe defender firmemente ante su grupo parlamentario en Europa la necesidad de abrirse en determinadas cuestiones cruciales a otras alianzas alternativas con otros grupos del Parlamento Europeo comprometidos con la defensa de los derechos humanos.

El imperio de la ley, la separación de poderes, la economía de mercado, fronteras seguras y la defensa de los valores básicos de la civilización occidental, que puedan hacer frente sin hipotecas a cualquier proceso que ponga en riesgo los fundamentos democráticos de nuestras sociedades, como el que estamos padeciendo en España.

Una reiteración incondicional y permanente de las alianzas del pasado no respondería en esta etapa histórica ni a las necesidades geoestratégicas ni a los deseos de la mayoría de los ciudadanos de la UE. 

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