Así lo explica en un escrito en el que recurre la decisión del juez que la investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios de citar como testigo al rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache.

Su abogado, el exministro del Interior Antonio Camacho, recuerda al juez que los investigados tienen derecho a ser informados desde el inicio de la causa "de los hechos que han determinado su incoación y las razones de su implicación".

Apunta que a lo largo del procedimiento, y después de que la Fiscalía Europea se quedara con la parte de la investigación que atañe a los contratos de Red.es que fueron adjudicados a una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés, ha pedido "de forma reiterada" y sin éxito al instructor que aclarara cuáles era los hechos concretos.

Camacho añade que esto es lo que motivó que presentara un recurso de reforma exigiendo ser informado de esos hechos por los que se sigue la causa en ese Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, y que por tanto, hasta que no se despeje esa incógnita "es incomprensible la citación" de Goyache que "en absoluto está relacionado con los hechos que constituían el objeto de la investigación".

Explica que, si bien el instructor en una reciente providencia le invitaba a leer las actuaciones para conocer por qué hechos era investigada su cliente, "desgraciadamente" esa lectura "tampoco aclara el objeto del procedimiento". Echa en falta, eso sí, un auto del juez ampliando el objeto de la investigación.

 "Desafortunadamente tampoco es inhabitual que algunos procedimientos penales comiencen como una auténtica investigación prospectiva contra el investigado", subraya, para explicar que con la excusa de investigar un hecho delictivo "se busca inspeccionar en la vida del investigado".

En este sentido, cita jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre causas generales y explica que "someter a una persona a una investigación prospectiva es del todo incompatible con los principios de un Estado democrático de derechos". Indica que el alto tribunal apunta que "el sistema de inquisición general está desterrado del moderno y civilizado derecho penal".

Cabe recordar que el juez mantiene en pie la citación de Begoña Gómez para el 5 de julio a pesar de los varios intentos de su defensa de suspender ese interrogatorio hasta conocer los hechos que se queda el instructor tras la avocación de la Fiscalía Europea.

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