Subir ya el salario mínimo (SMI) o esperar a 2022. Es la batalla interna se vive en el seno del Gobierno y que enfrenta a los dos partidos de Ejecutivo de coalición. Esa lucha se ha recrudecido en las últimas horas todavía más si cabe con declaraciones públicas encontradas que evidencias las dos sensibilidades.

Nadia Calviño se mostraba partidaria este martes de esperar a ver cómo evoluciona el empleo en la segunda mitad del año. En la práctica supondría que el salario mínimo quedaría congelado este 2021 y la subida se aplicaría a partir de 2022. “Vamos a ver cómo evoluciona el empleo durante esta segunda parte del año y espero que cuanto antes se recupere la senda de subida”, defendía tras el Consejo de Ministros la vicepresidenta tercera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos.

Pero 24 horas Yolanda Díaz había rechazado esa postura. “El SMI no se debe vincular al crecimiento del empleo, es un error”, había defendido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. “La misma valentía que tuvimos con el despliegue de los indultos toca ahora tenerla con la gente que los está pasando mal. En 2023 no se nos vamos a juzgar por los indultos. Se nos va a juzgar por la gente que está sufriendo y ahí es donde hay que estar", subrayaba Díaz en una entrevista en RNE.

Díaz recordaba que quienes cobran el SMI son “los que más lo necesitan” y añadía: “"Lo hemos subido a los pensionistas, lo hemos subido a los empleados públicos. Seamos coherentes, prácticamente todos los países de la UE han subido los salarios en esta crisis". Recordaba la también ministra de Trabajo que los precios están ya en el 2,6% y quienes cobran el salario mínimo están fuera de convenio colectivo y por tanto están perdiendo poder adquisitivo.

Pero Calviño a la que preguntaron en reiteradas ocasiones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros puso el acento en que la prioridad es la recuperación y la creación de empleo. Para la vicepresidenta segunda la situación económica todavía está marcada por “la incertidumbre” y por tanto la prioridad debe ser la creación de empleo y reactivar a los cerca de 450.000 trabajadores que todavía están en ERTE. Aunque ha querido dejar claro que "todo el Gobierno está comprometido con la subida del salario mínimo”.

El debate sigue abierto en el seno del Gobierno. La mesa del diálogo social se reunirá este mes para abordar el SMI, según anunció la propia Yolanda Díaz que sabe que tiene de su lado a los sindicatos. En cualquier caso Unidas Podemos quiere que se tome una decisión cuanto antes. "Tiene que ser ya, en el mes de julio", defendía Ione Belarra. "Sea lo que sea mi posición es conocida. Dejemos que decida el presidente del Gobierno", añadía la ministra de Derechos Sociales y líder de Unidas Podemos.
Tanto si decide subir el SMI en 2020 como si decide congelarlo, el Ejecutivo tendrá encima de la mesa el informe del Banco de España sobre la subida de 2019, cuando el SMI se incrementó un 22% hasta los 950 euros al mes.
 
“Del análisis se desprende que, tras el incremento del SMI en dicho año, hubo un menor crecimiento del empleo del colectivo con menores salarios”, aseguraba ese análisis. Según el supervisor, por cada punto de subida del SMI, se produciría un menor crecimiento del empleo de los trabajadores directamente afectados de entre 0,3 y 0,5 puntos porcentuales.

También cuenta el Ejecutivo para su decisión con otro informe que en este caso sí avala la subida. Se trata del que hizo el comité de Expertos a los que el ministerio de Trabajo encargó un análisis sobre la subida del SMI hasta el final de legislatura. Para ello, estos expertos planteaban tres escenarios posibles. Uno de ellos sería congelarlo este 2020. Si esa fuera la decisión final del Gobierno, hasta 2023 se propone un incremento total de 61 euros hasta situarlo en 1011 euros.

Pero el SMI no el único punto que enfrenta a los socios del Gobierno de coalición.  Todavía queda por desatascar la Ley de Vivienda que lleva más de cuatro meses de retraso. Mientras Unidas Podemos apuesta por intervenir los precios en las zonas donde los precios están más tensionados, el PSOE apuesta por dar incentivos fiscales a los propietarios para intentar contener los precios del alquiler. Los socialistas se han abierto a congelarlos en determinadas zonas. Las posturas entre los socios se mantienen abiertas sin que haya un atisbo de acuerdo.