Durante los últimos 13 años el Gobierno central y los de Andalucía y la Comunidad de Madrid han sufragado diversos albergues en suelo marroquí para facilitar las repatriaciones.

El correo electrónico que envió el Ministerio del Interior al secretario general de la Delegación del Gobierno en Ceuta el pasado 10 de agosto instando a proceder cuanto antes a la devolución de los menores que cruzaron en mayo ha vuelto a poner en el disparadero a Fernando Grande-Marlaska.

Toda vez que hasta ahora el ministro se había defendido argumentando que fue el Gobierno ceutí del popular Juan Jesús Vivas el que solicitó el retorno. Línea de defensa empleada por Interior incluso en su recurso ante la Audiencia Nacional.

Su sección 5 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo dio este jueves a Interior cinco días para que le remita “el expediente acompañado de los informes y datos que estime procedentes” sobre la repatriación de menores.

 Mientras la operación para enviar de vuelta a los menores que quedaban en Ceuta se enquista en los juzgados, el caso ha venido a poner de manifiesto una paradoja. España financió la construcción de varios de los centros de menores en Marruecos que ahora no puede usar.

Centros como el de Martil, en Tetuán, al que el pasado fin de semana llegaron los primeros menores deportados antes de que la justicia paralizara el operativo.

Y no solo el Gobierno central, sino también los gobiernos autonómicos de Andalucía y Madrid, cofinanciados por la Unión Europea.

Un proyecto de Consuelo Rumí
La iniciativa partió en 2008 de la entonces secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, en la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero y meses después del famoso convenio entre España y Marruecos que ahora ha activado por primera vez el Gobierno para la devolución de esos menores.

Por entonces el fenómeno de la inmigración ilegal estaba disparado y el Ejecutivo consideró que ése era un buen mecanismo para luchar contra ella. Y para acelerar las repatriaciones. Los primeros que abrieron estaban ubicados en Nador y Beni Mellal. Pagados por España pero gestionados por Marruecos.

La Junta de Andalucía, por su parte, lleva invertidos más de seis millones de euros en los últimos años en más de una decena de centros de acogida en las áreas de Tánger-Tetuán-Alhucemas y Nador.

La Comunidad de Madrid abrió dos en Tánger y Marraquesh, con una inversión de un millón de euros (y otros dos millones procedentes de la UE).

Pero con Marruecos siempre todo es complicado. Máxime teniendo en cuenta que el reino alauita tardó cinco años en ratificar el convenio que suscribió con el Gobierno de Zapatero en 2007 y que ahora ha sido aplicado por primera vez con serias dudas legales.