Italia ha aprobado este jueves un decreto de ley que obliga, a partir del 15 de octubre, a todos los trabajadores a presentar el pase sanitario en sus puestos de trabajo, tanto para los empleados del sector privado como del público, bajo riesgo de multas y suspensiones si no se presenta.

La prensa italiana ya había adelantado la noticia, que finalmente han confirmado los ministros de Salud, Roberto Speranza, de Administración Pública, Renato Brunetta, y de Asuntos Recionales, Mariastella Gelmini, tras aprobar el decreto en el Consejo de Ministros por unanimidad. La nueva normativa afectará a unos 23 millones de trabajadores italianos.

El reglamento contempla que al cabo de cinco días de ausencia injustificada por falta de pase sanitaria, el trabajador de la administración pública podrá ser suspendido del trabajo y de salario, mientras que también se le podrán aplicar sanciones de hasta 1.000 euros, recoge 'Corriere della Sera'. En el caso del sector privado, la suspensión será desde el primer día que no se presente el pase sanitario.

Estas medidas se adoptan "con el fin de proteger la salud y seguridad de los trabajadores, y, en cualquier caso, no tendrán consecuencias disciplinarias y se mantendrá el derecho a conservar la relación laboral", recoge el decreto, que detalla que "durante el período de suspensión no se recibirá ninguna remuneración".

El Gobierno italiano ha aceptado la petición de las autoridades regionales y las pruebas diagnosticas que otorgarán el pase sanitario tendrán una validez de 72 horas, en el caso de las pruebas moleculares, mientras que en el caso de los test rápidos de antígenos tendrán una vigencia de 48 horas.

El primer ministro italiano, Mario Draghi, ya había adelantado que la vacunación sería obligatoria en los últimos días, con la intención de ampliar las cifras de vacunación en el país europeo tanto como sea posible antes de la llegada del invierno y una eventual nueva ola de contagios.

Actualmente, más de 39 millones de italianos cuentan con la pauta completa de vacunación contra la COVID-19 pero, si con la llegada del invierno las cifras se deterioran a pesar de la imposición del certificado, el Gobierno considerará la imposición de la vacunación obligatoria