De nuevo, y tras la flamante renovación de su Gobierno, le sale una mancha en el expediente de un miembro del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Se trata, atendiendo a lo que ha denunciado el PP de la localidad valenciana de Gandía, la ministra de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, Diana Morant, escondió cuando era alcaldesa de Gandia a la Sindicatura de Cuentas -organismo encargado de fiscalizar la gestión del dinero público- varios expedientes de contratación hasta alcanzar los 12 millones de euros que el organismo estatutario no ha podido revisar.

Este capítulo recuerda a las aceleradas dimisiones que sufrió el primer Gobierno de Sánchez tras la moción de censura a Mariano Rajoy, dos ministros –ambos precisamente valencianos, como Morant– tuvieron que dejar abruptamente sus carteras por diversos escándalos: el de Cultura, Máximo Huertas y la de Sanidad, Carmen Montón.

La Sindicatura de Cuentas cifra en 2.880.900 y un total de 6 expedientes que no ha podido revisar de la gestión del año 2018, mientras que en 2019 se alcanzan los 9.769.426 y 2 expedientes que no se han podido fiscalizar. Esto supone que Diana Morant incumplió la ley al no colaborar en absoluto con el organismo fiscalizador. Así consta en un informe publicado hace unos días por la Sindicatura de Cuentas que pone en seria sospecha la gestión de Morant cuando era alcaldesa.

El Partido Popular en esa localidad valenciana ha hecho disparar todas las alarmas en el Gobierno de Sánchez. El portavoz popular en esa localidad, Víctor Soler, lo tiene muy claro y ha manifestado que “se trata de un informe demoledor para la ministra de Ciencia e Innovación y exalcaldesa de Gandía, Diana Morant que ha basado su gestión en la bandera de la transparencia y ejemplaridad pero la Sindicatura de Cuentas la acusa de esconder expedientes por valor de 12.650.326”.

El responsable del PP de Gandía se formula además la pregunta del millón (o mejor dicho de los 12 millones): “¿Qué esconden esos expedientes? ¿Por qué no se enviaron al órgano fiscalizador?”.

El informe es absolutamente demoledor para la ahora ministra del Gobierno, acusa a la entonces alcaldesa de Gandia del incumplimiento del artículo 335.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. Por si fuera poco, además de a la ministra Morant la resolución de la Sindicatura salpica también a su ‘delfín’, el actual alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, como responsable de la contratación en 2018 y hasta junio de 2019. Tanto Diana Morant como Prieto eran los responsables únicos de remitir la documentación a la sindicatura de Cuentas.