El Consejo de Ministros ha anunciado  la convocatoria de subvenciones por importe de 13.883.890 euros para las organizaciones sindicales para 2021. El Gobierno de Pedro Sánchez descongela así el importe que mantenía hasta ahora congelado su antecesor y le da un fuerte impulso de un 53%, ya que hasta el año pasado ascendía a 8.883.890 euros.

Las subvenciones obedecen a la actividad sindical y se repartirán prácticamente entre UGT y CCOO en función de su representatividad, según ha adelantado La Información. En las últimas elecciones sindicales CCOO quedó como la organización sindical mayoritaria en España.

El desembolso anunciado tiene carácter anual y permanecía congelado desde 2013, cuando la crisis financiera generalizó los recortes en todas las áreas de la Administración, pese a la crisis actual mientras los autónomos no reciben ayudas los sindicatos aumentan sus subvenciones.

Se da la circunstancia de que la concesión se produce tras un intenso año de diálogo social que ha desembocado en sucesivos acuerdos firmados con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Díaz apostó por imponer en el Gobierno un aumento del salario mínimo pero la intervención de la vicepresidenta Nadia Calviño frenó en seco su plan y lo hizo, además, hasta nuevo aviso. Como respuesta, CCOO y UGT han llevado a cabo las primeras movilizaciones contra el mismo Gobierno de coalición que apoyaron. Las movilizaciones, anunciaron sus líderes, se mantendrán hasta que el Gobierno cumpla sus promesas electorales, que son subir el SMI y derogar las reformas laboral y de las pensiones.

 El gran recorte a la partida anual de subvenciones a los sindicatos se produjo en 2012, con la llegada al Gobierno de Mariano Rajoy. Desde 2007 el Estado aportaba 15,7 millones para actividades sindicales. Pero en junio, se recortó un 30%, hasta 11.104.860 euros.

El recorte se produjo en un clima de fuerte crisis y en un enfrentamiento directo con los sindicatos, que tres meses antes habían convocado una huelga general en protesta por la reforma laboral validada sin su consenso por el Gobierno en febrero del mismo año, apenas llegó a la Moncloa.