La relación entre Yolanda Díaz y José Luis Escrivá es de alta tensión. Sus diferencias son sonoras sobre el salario mínimo, los ERTE o sobre cualquier otra materia que hayan compartido competencias en los últimos meses. Pero las tensiones siempre, o casi siempre, han quedado en casa… hasta hoy, cuando ambos ministros se reprocharon en público, tras el Consejo de Ministros, la «cautela» que primero pidio Yolanda Díaz sobre el retraso en la jubilación defendida por Escrivá y la «cautela» que le reclamó después el gestor de las pensiones a la vicepresidenta. Escrivá se quejó, en clara alusión a la ministra, de las reacciones que se habían producido «sin conocer exactamente lo que había dicho».

Y es que la gallega había pedido previamente al ministro que «seamos cautos en todo lo que hacemos». «Seguro que todos tenemos que ser más que cautelosos, beligerantes», explicó el titular de la Seguridad Social. «Tengo la impresión de que muy pocos se han leído la entrevista», zanjó.

Todo ello tras el Consejo de ministros que dio luz verde a la subida del SMI hasta 965 euros mensuales, y a la prórroga de los ERTE y de la prestación prestación de los autónomos hasta el 28 de febrero. La rueda de prensa posterior a esta cita sirvió además para confirmar que la ‘revolución’ laboral de Yolanda Díaz, aunque silenciosa, avanza imparable. En palabras de la ministra de Trabajo, la nueva reforma laboral «está muy avanzada».

 La principal novedad de esta prórroga de los ERTE llega con el esquema de exoneraciones de cotización para las empresas, pues se liga a la formación, y se aumentan las exoneraciones para las compañías que así lo hagan. Según concretó la ministra, este esquema permanecerá en la próxima legislación laboral.

Avanzó que «lo que hace este mecanismo es anticipar la reforma estructural del mercado de trabajo» y, explicó que, dado que la reforma del mercado laboral debe estar lista «antes del 31 de diciembre de este año», las empresas que quieran acogerse a mecanismos de flexibilidad interna cuando se publique la nueva reforma «tendrán que adecuarse al mecanismo que ya con carácter estructural vamos a definir estos días» en unos trabajos que «están muy avanzados».

En concreto, los nuevos ERTE ofrecen exoneraciones de cotización vinculadas a la formación del 80% en empresas con más de diez trabajadores y de menos de diez, y en el caso de que no se oferte formación en el ERTE la exoneración será del 40% en empresas de más de diez trabajadores y del 50% en las de menos.

Este fórmula nueva entra en vigor el 1 de noviembre y la formación deberá realizarse antes del 30 de junio de 2022. La formación deberá ser de 30 horas en empresas de entre 10 y 49 empleados y de 40 horas en empresas más grandes.

 Hasta entonces, el modelo actual de ERTE seguirá vigente aunque las empresas deberán volver a solicitar su adhesión, por lo que no se prorrogará automáticamente como venía sucediendo hasta ahora. Igualmente se ha aprobado una prestación extraordinaria a los fijos discontinuos, fundamentalmente para el sector turístico y para Baleares, y se mantienen las cláusulas de las prórrogas anteriores como el compromiso de mantenimiento del empleo, la prohibición de despedir, la interrupción del cómputo en contratos temporales, la prohibición de realización de horas extraordinarias, el impedimento de realizar contrataciones nuevas en empresas que están aplicando ERTE y el límite para externalizar actividades mientras se perciban exoneraciones de cotización o para repartir dividendos.

En cuanto a la situación de las Islas Canarias afectadas por la erupción del volcán, el acuerdo contempla exoneraciones del 100% en caso de ver totalmente impedida su actividad y del 90% si está limitada.

Otra de las claves del acuerdo está en el denominado ‘contador a cero’, que se amplía un año, por lo que el tiempo consumido de paro, desde septiembre de 2020 no computará cuando se produzca un despido por cualquier causa después del 1 de enero de 2023.

 En cuanto al salario mínimo, Yolanda Díaz volvió a defender el alza, que fue puesta muy en cuestión por el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, pese a que la subida de 15 euros fue fruto de un pacto entre los sindicatos y el Gobierno. «Es una mierda y una miseria», afirmó el sindicalista tras avisar o al Ejecutivo que o sube el salario mínimo a 1.000 euros mensuales a partir de enero o UGT no firmará más pactos sociales, ni pensiones ni reforma laboral.