Agentes de los Mossos d'Esquadra y Guardia Civil han acudido a TV3 este martes por la mañana para que entregue una serie de documentos requeridos por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el marco de las pesquisas sobre la presunta financiación ilegal de la extinta Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), más conocidas como el caso '3%'.

Según ha avanzado 'La Razón' y han confirmado fuentes jurídicas a Impacto España, los cuerpos de seguridad han actuado en cumplimiento de un auto dictado el pasado 29 de septiembre por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 donde acordó las diligencias solicitadas por el Ministerio Fiscal.

El magistrado encargó a los agentes que hicieran acopio de numerosa documentación que estaría en manos de distintas empresas, entre ellas la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), de la que forma parte TV3.

Las fuentes consultadas han aclarado que no se trata de una entrada y registro, sino solo de un requerimiento para que TV3 entregue a los agentes la información señalada por el juez instructor, referida a los contratos sucritos entre 2008 y 2016 con la empresa audiovisual Triacom, y que aclare si hubo algún acuerdo con la misma para grabar 'Jo vull ser', por qué no se llevó a cabo esta serie y quiénes estuvieron implicados en ese proyecto.

Pedraz también ha solicitado a la CCMA que aporte la documentación relativa a las normas internas del ente público para la contratación de servicios producción audiovisual y los procesos de selección, y que precise qué trabajo desempeñó Josep Oriol Carbó Seriñana, ex gerente de TV3 que fue imputado por el anterior instructor del caso, José de la Mata.

Fuentes de la CCMA consultadas  han concretado que este mismo martes los uniformados "no se han llevado ningún tipo de documentación, solo se ha hecho un requerimiento de información que se facilitará próximamente".

LA RUTA DEL DINERO
Pedraz investiga en este caso si altos cargos de CDC en connivencia con funcionarios y empresarios "pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente a este partido político en forma encubierta".

Para ello, conforme al relato judicial, "alteraban todo tipo de concursos públicos con la finalidad de 'dirigir' los mismos hacia las empresas de los empresarios conniventes quienes, a su vez, realizaban 'donaciones' a fundaciones ligadas a CDC".

De la Mata apuntó en 2019 que Triacom podía estar implicada en la presunta financiación ilegal de CDC aunque con una operativa distinta. Su "singularidad" radicaría en que, en vez de hacer donaciones a las fundaciones, pagaría deudas contraídas por el partido catalán con otras empresas justificándolo mediante facturas falsas.

En concreto, detalló que habría saldado una deuda contraída con CDC con la mercantil Hispart, especializada en producción audiovisual, por la campaña electoral de 2010. La cantidad abonada por Triacom por este concepto habría sido de unos 750.000 euros.

De la Mata advirtió entonces de que Triacom también se habría usado para pagar gastos particulares de personas ligadas directa o indirectamente a CDC, entre las que mencionó al ex presidente de la Diputación de Lleida Joan Reñé o la mujer de Oriol Pujol Ferrusola, uno de los hijos del ex presidente catalán Jordi Pujol.

EL JUEZ PONE LA LUPA EN LOS CONTRATOS Y LAS FACTURAS

Por ello, entre la documentación requerida por Pedraz se encuentran el Libro Diario de Triacom entre 2010 y 2016, los citados contratos con CCMA y con otras empresas, así como las facturas que habrían generado y los papeles que justifiquen la prestación de los servicios.

Para recabar todo este material, el requerimiento se dirige también a empresas y particulares que contrataron con Triacom, incluidos el Servicio Meteorológico de Cataluña y la Dirección de Comunicación y Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona, así como al Departamento de Presidencia de la Generalitat para que entregue la información que tenga sobre subvenciones concedidas a Triacom en 2013 y 2014 para editar la obra 'Historia de Cataluña' que habrían ascendido a un total de 125.000 euros.

Las fuentes jurídicas han indicado  que los agentes de Mossos y Guardia Civil han completado los requerimientos efectuados por el Juzgado Central de Instrucción Número 5, en torno a una veintena.