La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha decidido finalmente ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que condena al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez a la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y ha comunicado al condenado la pérdida de su escaño.

Según han informado fuentes de la Presidencia de la Cámara, Batet se ha puesto en contacto personalmente con Rodríguez para trasladarle el oficio del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, por el que se da traslado de la sentencia de la Sala Segunda, que comporta la pérdida de su condición de diputado, y del auto por el que se dispone su ejecución.

También ha comunicado esta decisión a la Secretaría General del Congreso y a la Junta Electoral Central (JEC), a los efectos de la cobertura de la vacante que dejará Rodríguez en el Congreso. El número dos de la lista de Unidas Podemos por Tenerife lo ocupó Fátima González Bello, quien ahora deberá decidir si coge o no su acta.

Asimismo, se ha remitido oficio trasladando copia de estas comunicaciones al Tribunal Supremo, que fue el que, el pasado 7 de octubre, condenó a Rodríguez por un delito de atentado a un agente de la autoridad a una pena de un mes y medio de prisión, sustituida en el fallo por una multa de 540 euros, y otra accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo.

Precisamente esa sustitución de la pena de cárcel por una sanción --que además el diputado pagó pocos días después-- es lo que esgrimieron los letrados del Congreso en el informe que redactaron sobre este caso, donde concluían que la sentencia del Supremo no debía tener efectos extra penales.

La MESA NEGÓ EFECTOS EXTRA PENALES

De hecho, los servicios jurídicos argumentaban que la pena privativa de libertad, que sí hubiera conllevado que el diputado 'morado' perdiera el escaño, no llegó "a nacer en ningún momento" al haber sido sustituida desde su origen por una sanción económica.

La Mesa del Congreso analizó ese informe en su reunión del pasado martes, un documento en el que PSOE y Unidas Podemos, con mayoría en el órgano de gobierno de la Cámara, se apoyaron para mantener en su escaño a Rodríguez. El PP y Vox protestaron al entender que la condena del Supremo era clara y que lo único que debía hacer la presidenta es ejecutarla y no "interpretarla".

Un día después de que la Mesa se posicionara, el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, dirigió un oficio a Batet pidiéndole que remitiera al Alto Tribunal el informe sobre la fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta a Rodríguez.

ACLARACIONES

Este oficio llevó a la presidenta de la Cámara a reunir de nuevo el jueves por la tarde al órgano de gobierno de la Cámara. En esa cita, Batet trasladó a sus compañeros que interpretaba que el Alto Tribunal estaba pidiendo que el Congreso inhabilitara a Rodríguez, pero les consultó la conveniencia de pedir aclaraciones al Supremo sobre los efectos de la sentencia.

Mientras que el PP y Vox insistían en que no hacían falta más aclaraciones, los representantes del PSOE y Unidas Podemos se posicionaron a favor de solicitar detalles al Alto Tribunal, decisión que finalmente acabó adoptado Batet al término de la reunión de la Mesa, dado que es ella era la competente para dar respuesta al oficio.

La contestación a esa solicitud no se hizo esperar. Este mismo viernes por la mañana, Marchena respondía a Batet que descartaba cualquier error en la sentencia, que la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo es una pena accesoria "obligada" y que el Supremo no está para asesorar a otros órganos del Estado.

Apenas unas horas después, la presidenta del Congreso ha resuelto ejecutar la sentencia poniendo fin al conflicto abierto con el Tribunal Supremo.