Vox ha solicitado la destitución inmediata de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, por "incumplimiento grave y reiterado de sus funciones". Con dicha pretensión y la de reforzar a la Fiscalía, la formación de Santiago Abascal ha presentado este miércoles una proposición no de Ley en la Mesa del Congreso de los Diputados.

Este fin de semana, la mayoritaria Asociación de Fiscales AF exigía la dimisión de Delgado por su falta de "idoneidad" para el cargo, después de que este diario desvelase que el fiscal Ignacio Stampa había presentado una reclamación patrimonial ante el Ministerio de Justicia. En ella, denunciaba presuntas "irregularidades" cometidas por la fiscal general durante el procedimiento penal seguido contra él en la Fiscalía de Madrid por revelación de secretos.

En el Consejo Fiscal celebrado la semana pasada, Delgado se negó a dar explicaciones sobre la denuncia de Stampa y sobre la actuación del despacho de abogados de su pareja Baltasar Garzón en el caso Villarejo asegurando que era "materia reservada".

El escrito de 17 páginas, firmado por la portavoz adjunta de Vox Macarena Olona, señala que "el Ministerio Fiscal y, por aplicación de los principios de unidad de acción y dependencia jerárquica, el fiscal general del Estado como órgano director de esta institución, son piezas clave para garantizar el correcto funcionamiento de la Justicia.

Un fiscal general del Estado continuamente plegado a las legítimas pretensiones político-procesales del Gobierno, que funcione como transmisor o, incluso, como ejecutor de instrucciones netamente políticas, es un peligro para la democracia".

"El mayor ataque a la independencia de la Justicia", añade, "se dio al comienzo de la XIV Legislatura, cuando el presidente del Gobierno propuso al Rey la designación de Dolores Delgado, ministra de Justicia en las legislaturas XII y XIII, como fiscal general del Estado. Ello ocurrió el mismo día, además, en que se hacía efectivo su cese como ministra".

"Delgado cumple sobradamente los quince años de ejercicio profesional requeridos por la CE. No obstante, su condición de jurista de reconocido prestigio está adornada por una serie de circunstancias que, ya mientras ejercía como ministra, anticipaban una involucración en asuntos y un desempeño de prácticas de todo punto incompatibles con la titularidad y ejercicio del más alto cargo del Ministerio Fiscal", destaca la formación de Santiago Abascal.

En este contexto, Vox recuerda las "sonrojantes y desafortunadas declaraciones sobre el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y sobre diversos compañeros de la Carrera Fiscal" o la "amistad muy estrecha" con el comisario José Villarejo, alabando incluso junto a él "la puesta en marcha por este de un servicio de obtención de información a políticos y empresarios a cargo de prostitutas".

La formación recuerda que Delgado ha sido reprobada en dos ocasiones por el Congreso de los Diputados y en una por el Senado, "en relación con su falta de contundencia a la hora de defender al magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ante los ataques de los tribunales belgas en relación con la extradición del prófugo señor Puigdemont, y por sus ‘perversas amistades’ con el excomisario referido y con el exjuez y abogado Baltasar Garzón".

"Se puede afirmar con rotundidad que Dolores Delgado es radicalmente inidónea para ostentar el cargo de fiscal general del Estado. Ello, no solo por su acceso directo desde la política, sino por el flagrante incumplimiento de los principios constitucionales, democráticos y legales que rigen la institución que dirige y por sus evidentes conflictos de interés, acciones y omisiones al frente de la Fiscalía General del Estado.

La indudable importancia que este órgano supone en el buen funcionamiento de la Justicia y, por consiguiente, de la democracia, exige que no pesen sobre su más alta autoridad las tachas insuperables que concurren en la señora Delgado", sostiene el escrito.

Modificación del Estatuto del Ministerio Fiscal
Vox insta también al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para "reforzar la idoneidad, la imparcialidad, la competencia profesional y la independencia para el ejercicio del cargo de fiscal general del Estado, incrementando y objetivando los requisitos que debe reunir la persona propuesta por el Gobierno para ejercer la referida autoridad".

En esta línea, pide al Ejecutivo que presente ante las Cortes Generales en el plazo de seis meses un proyecto de ley para modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal e incluir los siguientes requisitos para ser designado fiscal general: "No desempeñar o haber desempeñado cargo político electo o de confianza en los últimos diez años; no pertenecer o haber pertenecido a partido político ni sindicato, ni haber trabajado para ninguno de estos en los últimos diez años; y ampliar a veinte años el período necesario de ejercicio profesional".

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