El tribunal que juzga tres piezas separadas del conocido como 'caso Villarejo' ha rechazado las pruebas propuestas por las defensas, incluida la del propio comisario, que consistían en interrogar como testigos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska; o la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, al considerar que no guardan relación alguna con la causa.

Los magistrados, encabezados por Ángela Murillo, han descartado las testificales de "miembros actuales del Gobierno de España o que lo fueron con anterioridad, por carecer todos ellos de cualquier relación con los hechos enjuiciados", así como las de jueces y fiscales.

La defensa de José Manuel Villarejo había pedido que testificaran Sánchez, Grande-Marlaska y Delgado por las "manifestaciones incriminatorias" vertidas en su contra a fin de que pudieran explicar en base a qué "pruebas" le han calificado de "corrupto".

También había reclamado que fueran interrogados como testigos los ex presidentes del Gobierno Mariano Rajoy y Felipe González, así como los ex ministros María Dolores de Cospedal, Jorge Fernández Díaz y José Luis Corcuera, los ex secretarios de Estado Francisco Martínez y Rafael Vera, los fiscales Eduardo Torres Dulce, Javier Zaragoza y Manuel Moix, y los jueces Fernando Andreu, Diego de Egea y Alejandro Abascal.

No obstante, el tribunal sí ha admitido las testificales de una decena de agentes y mandos de Policía, Guardia Civil y CNI, entre ellos los que fueran directores adjuntos operativos (DAO) de la Policía Agustín Linares, Pedro Díaz-Pindado y Florentino Villabona, el director del Centro contra el Terrorismo y Crimen Organizado José Luis Olivera o el comisario jefe de la Unidad de Asuntos Internos Francisco Javier Migueláñez.

Por otro lado, los magistrados han reafirmado su competencia para juzgar las piezas 'Iron', 'Land' y 'Pintor' debido a su vinculación con la pieza principal de esta macrocausa, sin perjuicio de reconocer que los hechos enjuiciados considerados aisladamente no serían suficientes para mantener la competencia de la Audiencia Nacional.

RESPUESTA EN LA SENTENCIA
El tribunal ha contestado así, en un auto de 66 páginas, a buena parte de las cuestiones previas planteadas por las defensas durante las primeras sesiones del juicio por 'Tándem'.

También ha respondido a la petición de varias defensas, entre ellas la de Villarejo, de expulsar a la acusación popular de Podemos, indicando que debe mantenerse al apreciar un interés legítimo por parte de la formación 'morada' en la causa.

Sin embargo, ha señalado que el resto de cuestiones previas se resolverán en sentencia. En este sentido se ha pronunciado sobre la nulidad de las entradas y registros de noviembre de 2017 donde se encontraron las grabaciones que hacía Villarejo de sus conversaciones con otras personas y que son un pilar probatorio del caso.

Entiende que este asunto exige los principios de contradicción e inmediación para aclarar "no sólo cómo se llevó a cabo (esta diligencia) y si los agentes encargados de su práctica observaron las directrices judiciales y de los respectivos letrados de la administración de justicia, sino si en el momento de llevarse a cabo los datos de cargo contra cualquiera de los entonces investigados eran racionalmente bastantes para acordar su práctica".

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