Se venía venir, la nefasta gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, cuando ha tomado alguna decisión, de la pandemia del coronavirus conduce a España y a los españoles a ser uno de los peores países del mundo en cifras, pese al alto porcentaje de vacunación de la población diana que supera el 90%.

 Desde hace meses la estrategia de Sánchez cambiaba radicalmente y, tras el intervencionismo inicial, el Gobierno optaba por apartarse y ceder toda la presión, responsabilidad y gestión a las Comunidades Autónomas.

La inacción del Gobierno de Pedro Sánchez ha sido tan escandalosa como irresponsable al ‘pasar olímpicamente’ de la nueva variante de la covid-19, la conocida como ‘omicron’, que ha llevado a España a pasar a una situación alarmante en cuanto a incidencia, tanto que ya tenemos las primeras consecuencias que afectaran a nuestro día a día:

Vuelven las mascarillas a los espacios abiertos. Pedro Sánchez ha anunciado en la Conferencia de Presidentes que este mismo jueves 23 de diciembre un Consejo Extraordinario de Ministros va a aprobar un decreto ley para volver a hacer obligatorio el uso de los tapabocas en exteriores.

Aunque habrá excepciones, como la de la práctica de deportes en principio la idea del Ejecutivo es hacer obligado el uso de la protección bucal en cualquier circunstancia y con independencia de si se pueden o no guardar los 1,5 metros de distancia de seguridad.

La mascarilla dejó de ser obligatoria el pasado 25 de junio, a través de un real decreto que modificó parcialmente La Ley 2/2021 de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria y que era la que hacía obligatorio el uso del tapabocas.

Ahora, un nuevo decreto, en principio, volverá a la redacción que se cambió el pasado verano, cuando se relajaron las medidas por la mejoría de la situación pandémica.

El jefe del Ejecutivo central ha decidido así hacer suya la demanda expresa de gran parte de los presidentes autonómicos como los de Castilla y León, Navarra, Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco, Canarias o Cataluña. Todos ellos habían insistido en reclamar el regreso de la protección facial, a la que solo se oponía abiertamente el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

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