Algunos mantienen como atenuante que las declaraciones del ministro de Consumo a The Guardian han abierto un debate necesario. Lo cierto es que no hay debate alguno cuando Alberto Garzón pontifica y sentencia a la ganadería intensiva por la “mala calidad” de la carne que exporta y el “maltrato” al que someten los animales en este régimen de explotación ganadera.

Y lo dice en un medio británico, siendo el Reino Unido importador de nuestros productos ganaderos y una sociedad digamos que hipersensible a cualquier denuncia de maltrato animal, como revela el hecho de que la Sociedad Real para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (RSPCA) sea una de las principales organizaciones benéficas no gubernamentales, con más de un millar de trabajadores y una recaudación anual en donaciones privadas que supera con creces los 100 millones de libras.

Las declaraciones de Garzón son la actuación de un pirómano en un tanque de gasolina. A nadie se le ocurre que un ministro francés, italiano u holandés diera una entrevista en cualquiera de los principales periódicos de difusión nacional denunciando la –supuesta– baja calidad de la carne que su país nos vende y las –supuestas– crueles condiciones en las que vive el ganado del que proceden esos productos. Sería impensable, ¿verdad? Pues es lo que ha ocurrido con Alberto Garzón.

 El Gobierno, cualquiera, tiene como primera obligación defender el interés nacional, el interés de los españoles y el crédito de nuestro país. Y Garzón sencillamente lo ha traicionado con unas afirmaciones que si fueran verdad pondrían en evidencia la responsabilidad del Gobierno por no remediar lo que denuncia y que, siendo como son afirmaciones infundadas y gravemente dañinas para todo un sector esencial de nuestra economía, dejan expuesta la incapacidad y, peor aún, la indiferencia oficial hacia los intereses nacionales.

 Pero la segunda consideración debe poner el foco en la impotencia del presidente del Gobierno para remediar esta inaceptable quiebra en las obligaciones esenciales de un ministro de su Gobierno. Sánchez, con su arrogancia aparentemente todopoderosa, se ha limitado al lamento y el sobrentendido sin tomar la única decisión presentable que sería el cese del pretendido abridor de debates. Garzón no solo no ha pedido disculpas, sino que ha subido la apuesta reafirmándose en lo dicho con un insólito autoelogio y anunciando su permanencia en la cartera que no debió ostentar nunca.

Si esto ocurre con las declaraciones de un ministro de Consumo a un medio británico, cabe preguntarse cómo el presidente del Gobierno –que no puede cesar a un ministro prescindible– va a defender el interés general frente al secesionismo o a los legatarios de una organización terrorista a los que necesita de igual modo para permanecer en el poder.

Que Garzón siga siendo ministro es el peor destilado de la fórmula de gobierno organizada por Sánchez y la expresión más clara de por qué este Gobierno no está en condiciones de defender el interés general. Ni está ni se le espera.

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