El último informe del Tribunal de Cuentas, relativo a 2017 pero que se acaba de remitir a las Cortes, mantenía al final de aquel ejercicio al PSOE como el partido más endeudado de España, debiendo más de 50 millones de euros, y situaba a formaciones próximas al Gobierno como Izquierda Unida (IU) e Iniciativa per Catalunya (ICV) con un balance negativo.

Se trata del último diagnóstico oficial de la deuda que pesa sobre las formaciones políticas, aunque no es un mapa completo ya que entonces aún no se examinaba a partidos y coaliciones como Vox o Junts, que todavía no tenían representación parlamentaria.

A fecha de 1 de enero de 2018, la deuda con entidades de crédito registrada por el conjunto de partidos ascendía a 134,50 millones de euros, de los que 87,53 millones corresponden a deudas con garantía hipotecaria, 39,40 millones a deudas con garantía no hipotecaria y 7,57 millones a deudas de naturaleza electoral. A ellos se añadían los 1,26 millones de euros en las deudas con prestamistas particulares, incluidos los microcréditos que ya empezaban a utilizar formaciones de izquierda como Podemos.

Según el informe del Tribunal, recogido por IEN, la deuda total de las formaciones políticas representaba al cierre de 2017 un 29% de su balance, aunque al menos ese peso proporcional se había reducido en 8,85 puntos porcentuales respecto del ejercicio anterior.

50 MILLONES DE DEUDA, EL 37% DEL TOTAL
Por partidos, aparecía destacado el PSOE con una deuda global de 50,02 millones que suponían el 40% de su balance. La deuda de los socialistas representaba el 36,8% de la suma que debían todos los partidos.

Además, dos fundaciones vinculadas al PSOE presentaban al cierre del ejercicio un patrimonio neto negativo: la Fundación Pablo Iglesias, con un desequilibrio de 1,46 millones de euros, y la Fundación Ideas para el Progreso, con 336.213,63 euros de números rojos.

Más lejos quedaba el PP, con una deuda de 24,90 millones (el 29% de su balance) y el PNV, que debía 13,08 millones (el 11% de su contabilidad total). Izquierda Unida y el PSC también arrastraban una deuda de 11 millones de euros cada uno.

En sus recomendaciones, el Tribunal de Cuentas recuerda la prohibición legal de condonar total o parcialmente la deuda contraída por las formaciones políticas con las entidades de crédito, y aconseja introducir una precisión para que esa prohibición no pueda eludirse mediante la falta de pago de la deuda vencida de forma indefinida, ya que en la práctica sería no liquidarla.

Asimismo, considera conveniente que, ante la aparición de nuevas fórmulas de financiación como los microcréditos, se extienda dicha prohibición de condonación a las deudas contraídas con prestamistas que no sean entidades de crédito y con los acreedores comerciales.

PARTIDOS EN CONCURSO DE ACREEDORES
Analizando el balance económico de las formaciones políticas, el Tribunal de Cuentas señala que Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) e Izquierda Unida (IU) seguían presentando un patrimonio neto negativo al cierre de 2017, con el detalle que se recoge en los resultados de fiscalización correspondientes a cada una de las formaciones. De hecho, ICV ya había caído en una situación concursal, previa a su disolución.

También recuerda que otras formaciones como Aralar (uno de los partidos de Bildu), Convergència Democrática de Catalunya (socio principal de la extinta CiU y origen del PDeCAT y de Junts), y En Marea también se habían visto inmersas en situaciones concursales.

La institución que preside Enriqueta Chicano aconseja que "las formaciones políticas que presenten durante dos o más ejercicios económicos una situación patrimonial negativa deberían ajustar sus actividades económicas con objeto de alcanzar el necesario reequilibrio patrimonial y elaborar un plan de saneamiento, habida cuenta de que los ingresos públicos representan la mayor parte de los ingresos".

EXCESIVA DEPENDENCIA DE LAS SUBVENCIONES
Esa excesiva dependencia de los ingresos públicos hace que la pérdida de representación institucional tras un proceso electoral, combinada con la elevada deuda financiera, puede llevar a la insolvencia y a la necesidad de solicitar la declaración de un concurso de acreedores.

Y es que el peso de los ingresos de origen público en el balance de los partidos representa un 72% del total, según el promedio de las formaciones fiscalizadas, lo que pone de manifiesto la conveniencia de equilibrar el balance en favor de los ingresos privados.

En total, la financiación pública percibida por las formaciones políticas en 2017 ha consistido básicamente en subvenciones de funcionamiento ordinario, otorgadas tanto a las propias formaciones como a sus grupos institucionales, por un total de 170,67 millones de euros. En esos recursos públicos se añaden los 2,71 millones de la asignación anual para sufragar los gastos de seguridad. También se repartieron 7,72 millones en subvenciones electorales para sufragar gastos de campaña.

Por su parte, los recursos privados contabilizados por las formaciones políticas han representado un total de 67,73 millones de euros en el ejercicio 2017. Las principales cuantías corresponden a las aportaciones de cargos públicos y a las cuotas y aportaciones de afiliados, por importes respectivos de 25,64 y 25,01 millones de euros. Los ingresos privados por operaciones de gestión patrimonial y por actividades promocionales han representado un total de 14,64 millones de euros y las donaciones privadas 2,44 millones.

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