El Gobierno español sigue deshojando la margarita con el paquete económico que preve aprobar el próximo 29 de marzo en Consejo de Ministros. Las últimas informaciones hablan de que el Ejecutivo se decantaría por aprobar ayudas directas en forma de bonos para las empresas y personas más afectadas por la crisis, en vez de rebajar de manera equitativa los impuestos de las materias primas y los carburantes.

Una solución que no convence a las empresas españolas, que ven que esta vía puede retrasar las soluciones en una maraña de burocracia y requisitos, según han relatado varias asociaciones. Las patronales se han cansado de exigir medidas urgentes y de aplicación inmediata y para ellos una solución en forma de ayudas directas podría retrasar demasiado la llegada de dinero a empresas que ya están asfixiadas.

Las fuentes consultadas por este diario estiman que cualquier bono o subvención podría tardar varias semanas en materializarse y, por tanto, el dinero llegaría al tejido productivo cuando «ya sea demasiado tarde» para rescatar a unas empresas que pasan por una de las peores situaciones coyunturales desde la crisis de la pandemia.

No se bajan impuestos
«Necesitamos soluciones urgentes», indican. Consideran que ya es negativo postergarlo todo para el 29 de marzo como ha dicho el Gobierno, pero advierten que si ya está decidido, piden que por lo menos el impacto de los anuncios sea «inmediato» en la industria y que se note en la rebaja de sus costes energéticos y de combustibles a partir del 1 de abril.

La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, constituida por todas las grandes empresas de todos los sectores industriales, va más allá y pide al Gobierno que adelante las medidas que tiene previstas aprobar el próximo 29 de marzo para rebajar el precio de los combustibles. Por el momento, el Gobierno cierra la puerta a la bajada de impuestos, como ya contó este diario, por miedo a vaciar las arcas públicas.

Lo poco que se sabe de estas ayudas directas-que no han sido detalladas a los grupos parlamentarios con los que ha tenido contactos el Gobierno- es aplicar este bono ateniendo a niveles de ingresos para las empresas y de rentas en el caso de las familias. Esto supone entrar en una dinámica que, como ha pasado en la pandemia, genera una lentitud en la concesión que en este caso va totalmente en contra de las actuales urgencias de las empresas.

Burocracia en las ayudas
En la industria se considera que las necesidades de liquidez son inmediatas y que lo único que podría compensar es bajar costes. Carlos Reinoso, director general de la Asociación española de fabricantes de pasta, papel y cartón (Aspapel) considera que «la industria tiene una urgente necesidad de medidas de efecto inmediato. Más que incurrir en costes y a posteriori compensarlos, se trata de implementar cambios para que los costes energéticos que directamente satisface la industria se sitúen en  niveles precrisis».

Por otro lado, desde las empresas con gran consumo de energía advierten de que las ayudas directas no siempre se terminan otorgando y que, en la mayoría de ocasiones no se agotan del todo por la ya mencionada burocracia y por la lentitud en su concesión.

Fernando Soto, director general de la Asociación de Empresas con gran consumo de energía (Aege) indica que aprobar ayudas directas -que algunos estados ya están dando- no da para todos. «Preferimos que sea una medida que ataque a las reglas, si das ayudas o quieres poner una tasa a las eléctricas vas a tener dificultades para recaudar ese dinero, el consumidor ha pagado la factura carísima y sin embargo no hay garantía de nada, las ayudas de Estado no siempre se dan el máximo».

Fondos ICO e IMV
«La velocidad de las medidas es fundamental», dicen empresas consultadas. Muchas de ellas recuerdan los engorros para pedir créditos ICO y la lentitud de sus concesión o el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI al que solo se le han solicitado la mitad de los 10.000 millones con los que contaba, precisamente por la serie de requisitos que se solicitaban para su concesión.

En cuanto a la concesión de ayudas directas a las personas, el mejor ejemplo de burocracia es el Ingreso Mínimo Vital (IMV). En febrero se conoció que ha llegado a solo 824.441 personas, un 35,8% de las inicialmente previstas (2.300.000) según un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Solo el 9,3% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza ha podido recibirlo y se han quedado sin ejecutar 1.000 millones de euros en 2021.

El Gobierno trabaja en dos dimensiones de soluciones. La primera de ayudas directas-que sustituirían a las bajadas de impuestos que les pide el sector- y la profunda reforma del mercado energético a nivel europeo. El objetivo del Gobierno y de la serie de reuniones que Pedro Sánchez está sosteniendo con líderes europeos es poner un límite al precio de la electricidad minorista -en los 180 euros el megavatio- y desacoplar el precio de gas del mix energético.

Precio de la electricidad
Esta última es una solución que no disgusta a la industria y a las empresas, pero que consideran que puede tener un efecto en el mediano plazo y no sería suficiente para resolver los problemas urgentes del tejido empresarial. De hecho, algunas fuentes consultadas por este diario consideran que estos impactos podrían tardar en llegar al menos un trimestre y que no se notarían hasta pasado el verano. «No podemos esperar tanto tiempo», indican.

Reinoso reconoce que las medidas que pueda adoptar la Unión Europea para bajar el precio de la electricidad llevarán un tiempo de desarrollo legislativo y de implementación «que la industria no tiene», por lo que apremia al Gobierno a la «adopción de medidas urgentes a nivel nacional».

Del mismo modo, Soto pide que el Gobierno tome decisiones si Bruselas no hace lo que debe. «Lo que queremos es pagar la energía eléctrica al precio de tecnologías mayoritarias, es decir, el 15% que se está consumiendo en España de electricidad la produce el carbón y el gas, el 85% restante lo produce el gas, la nuclear, la hidráulica… que tienen unos precios muy competitivos, modifiquen las reglas de forma transitoria», señala.

En tanto, la industria electrointensiva representada por Aege, Feique y Unesid pide medidas efectivas que puedan entrar en vigor el 1 de abril, «confiando en los esfuerzos del Gobierno español para plantear la necesidad de adoptar la desvinculación inmediata de los combustibles fósiles de la formación del precio de la electricidad; ni topes artificiales de los precios, ni medidas fiscales -que por su propia naturaleza no pueden tener un efecto inmediato en el mercado-, son válidas en momentos de emergencia». 

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