VOX ha presentado este miércoles en la Comisión Constitucional del Congreso una Propuesta No de Ley para reformar los artículos 6 y 7 de la ley de Libertad Sindical. El objetivo: llevar la pluralidad al sindicalismo y corregir el monopolio de CCOO y UGT. Así lo ha señalado la diputada nacional de VOX por Ceuta, Teresa López, que ha defendido esta iniciativa que ha sido rechazada por la izquierda, con la abstención del PP.

La parlamentaria ceutí ha recordado que “muchas organizaciones sindicales llevan años revindicando la necesaria modificación de la ley orgánica de Libertad Sindical”. Pues, actualmente, se considera como sindicatos de mayor representatividad a los que acumulan más del 10% de delegados, en ámbito nacional, y el 15% en autonomías. Y son estos los que tienen una singular posición jurídica a efectos, tanto de participación institucional como de acción sindical

Pero las organizaciones sindicales reclaman que el criterio ha de ser el de “suficiente representatividad”, valorada ésta tanto a nivel territorial como funcional. Y así lo ha reivindicado VOX con esta PNL.

“Lo cierto es que, pese a que UGT y CCOO son considerados los sindicatos más representativos en orden al porcentaje exigido actualmente, son muchos los trabajadores que no están afiliados ni se sienten representados por estos”, ha argumentado López para añadir: “Pero sí se sienten representados por otros sindicatos a los que se ignora a nivel institucional y en el marco del diálogo social, y no lo digo yo, es así como se pronunció uno de los portavoces de la Plataforma Sindical Plural hace no mucho”.

Ante este escenario, y “en aras de garantizar los derechos contemplados en los artículos 14 y 28 de la Constitución Española”, VOX instaba al Gobierno a establecer que la singular posición jurídica que otorga el concepto de sindicato “más representativo”, con base al criterio de audiencia del sindicato medida por los resultados electorales en los órganos de representación unitaria en los centros de trabajo, se confiera a los sindicatos que superen el umbral del 5% de los votos electorales.

Tanto en los ámbitos estatal y autonómico como en el ámbito funcional específico, primando, por tanto, el criterio de “suficiente representatividad” como así ocurre en países de nuestro entorno.

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