En el marco de la investigación sobre el espionaje ilegal a Trump en 2016 durante la campaña electoral de ese año, el fiscal especial John Durham está presionando para acceder a los registros de la fallida campaña presidencial de Hillary Clinton.

Durham presentó en febrero un largo reporte señalando que el equipo de Clinton hackeó los servidores de la Organización Trump para crear un “canal de comunicación” artificial entre su empresa y el Alfa Bank, una firma rusa vinculada a Putin. Según su primera presentación, el abogado de Hillary, Michael Sussmann, le presentó esta evidencia falsa al FBI para que la agencia le iniciara una investigación de la campaña de Trump.

Esta investigación generó enormes dificultades para que la campaña del republicano pueda funcionar correctamente, y ahora Trump está demandando al equipo de Hillary por 24 millones de dólares en daños. El FBI en aquél entonces, permitió que se realicen escuchas y se intercepten mensajes de Donald Trump y de sus principales asesores.

Esta información quedó a mercer del director James Comey, quien podría haber compartido todos los mensajes y llamadas telefónicos de Trump y su equipo de campaña con el entonces presidente Barack Obama, y consecuentemente, con su amiga Hillary Clinton.

Es por eso que ahora Durham pidió acceder a todos los registros, como llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, y demás líneas de comunicación de Hillary Clinton con el resto de su equipo, para determinar si además de haber incurrido en un delito por ordenar el hackeo de un servidor (por el que ya pagó una considerable multa), también hubo colusión con el gobierno de Obama.

Sin embargo, Sussmann es el chivo expiatorio de Hillary. Él fue quien se ensució las manos para que ella pueda decir que no sabía nada de los delitos que estaba cometiendo su equipo de campaña.

En documentos judiciales presentados el mes pasado, Durham dijo que el Comité Nacional Demócrata, el grupo Hillary for America, la compañía de investigación Fusion GPS y el poderoso bufete de abogados Perkins Coie, donde Sussmann trabajaba, “han retenido y/o redactado documentos y comunicaciones” que potencialmente podría ser utilizado contra el acusado.

Es por eso que Durham le pidió al juez federal de Washington, DC, Christopher Cooper, que revisara los registros en secreto para “garantizar que solo las comunicaciones y testimonios legítimamente privilegiados y/o protegidos por el trabajo del abogado se retengan de las pruebas y testimonios que de otro modo serían admisibles y que se presenten al jurado”.

En una gigantesca respuesta de 342 páginas presentada la semana pasada, Fusion GPS, la empresa que encargó el infame expediente sobre Trump compilado por el ex espía británico Christopher Steele, dijo que, en cambio, Cooper debería conceder una moción de defensa para rechazar la moción de Durham como “procesalmente inapropiada”.

La defensa de Sussmann y de Fusion GPS, quienes enfrentan delitos por mentirle al FBI, falsificar evidencia, y contratar un hackeo ilegal de información, están buscando que toda la evidencia que está recolectando Durham no pueda ser usada en el venidero juicio.

El juicio de Sussmann está programado para comenzar con la selección del jurado el 16 de mayo. Si esta evidencia es aceptada, no hay manera que no sea declarado culpable, y enfrentaría por lo menos cinco años de prisión.

Además de impartir justicia, su condena implicaría una enorme reivindicación a Trump, quien desde 2016 está advirtiendo que los demócratas lo espiaron durante las elecciones, y que le inventaron la falsa conexión con Rusia, que llevó a la designación de Robert Muller como fiscal investigador, que estuvo tres años poniendo palos en la rueda a su gobierno.

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