Los sindicatos docentes en Cataluña, entre ellos, CCOO y USTEC -el mayoritario-, continúan rebelándose contra la sentencia del TSJC que 'blinda' un mínimo del 25% de clases en castellano y otro mínimo del 25% de clases en catalán. Tras conocer el plazo de 15 días que el tribunal ha dado a la Generalitat para que acate de una vez el fallo, la organización CCOO ha manifestado su rechazo a "los efectos que la justicia provoca con una sentencia que se toma sin ningún sentido pedagógico ni educativo". De esta forma, el sindicato dice "afianzar su compromiso con la lengua catalana, la lengua propia de Cataluña, que se encuentra todavía en desventaja".

Desde las filas de CCOO piden a los partidos políticos que aceleren la modificación de la Ley de política lingüística
Desde las filas de CCOO piden a los partidos políticos -incluido el PSC, que se prestó a ello- que aceleren la modificación de la Ley de política lingüística "adaptándose a la actual ley de educación dando respuesta a la sentencia del TSJC con el consenso más amplio posible y que el gobierno exima de cualquier responsabilidad en los equipos directivos, personal docente y otros profesionales de los centros educativos.

"Ante la resolución del TSJC instando a la Generalitat al cumplimiento de la sentencia del 25% de castellano en los centros educativos, CCOO de Cataluña pide responsabilidad a los Grupos Parlamentarios para cerrar el acuerdo legislativo que haga posible asegurar el modelo de inmersión lingüística catalán, adaptándose a los requerimientos de la ley de educación actual, LOMLOE, y no a la antigua 'ley Wert' (LOMCE) a la que se hace referencia a la sentencia del TSJC", señala la entidad.

CCOO habla de "derechos lingüísticos"
Además, el sindicato pide al Gobierno de la Generalitat apoyar a los equipos directivos y profesionales de los centros educativos "en la elaboración y aplicación de los proyectos lingüísticos" y le exige que "asuma toda responsabilidad ante la ejecución de la sentencia". Según esta organización sindical, dirigida a nivel nacional por Unai Sordo, es necesario un mayor esfuerzo de las administraciones y de las entidades para garantizar los derechos lingüísticos de toda la población.

Los ánimos en el sector docente catalán están encendidos. Ustec, el sindicato de enseñanza mayoritario en Cataluña, ya llevaba semanas reclamando la dimisión del consejero de Educación, Josep María Cambray, por las condiciones laborales del profesorado, y la última orden del TSJC que urge al Govern a acatar la sentencia que protege el castellano en la aulas no ha servido para apaciguar el ambiente.

Cambray ha anunciado un recurso contra un auto al que ha tachado de "aberrante" y ha asegurado que se ampliará la presencia del catalán en la educación. "Los maestros deben seguir haciendo su trabajo, no deben hacer nada. El tribunal se dirige al departamento, al conseller, y daremos todo el escudo jurídico para seguir defendiendo lengua y modelo", ha enfatizado.

Pero no ha aclarado si más allá del recurso piensa cumplir con la obligación de dictar las medidas que le indica el tribunal. El auto incluye un requerimiento específico para él, en el que los magistrados le ordenan que dé las instrucciones y establezca las garantías de control para hacerla efectiva.

El recurso que prepara el gobierno -ha explicado- irá contra la legitimación de la Asamblea por una escuela Bilingüe como parte en el procedimiento, y también contra la forma en que el auto concreta cómo aplicar la medida. "No tiene ningún sentido pedagógico ni jurídico", sostiene.

Ustec: "Debemos obviar la sentencia"
Sin embargo, la portavoz de Ustec, Yolanda Segura, dice no fiarse y cree que "no puede pasar la patata caliente a los centros dando margen de flexibilidad a la hora de aplicar los proyectos lingüísticos". "Debemos obviar la sentencia, porque acatarla sería herir de muerte al catalán", dice Segura.

El auto del TSJC también requiere a la Alta Inspección Educativa que verifique el cumplimiento de la parte dispositiva de la sentencia y que informe al tribunal de la actividad desplegada cuando acabe el plazo de ejecución fijado. Además, apunta que la Generalitat "no está en su libertad de actuar y permitir una situación contraria al mandado constitucional".

El ultimátum de la Justicia no parece urgir al Gobierno de Pere Aragonés. "En las escuelas catalanas se hará más catalán después de la sentencia que antes de este ataque. Pondremos todo el esfuerzo para incrementar el uso del catalán en todos los ámbitos de la escuela", ha asegurado la portavoz del Ejecutivo catalán, Patrícia Plaja. El catalán es un punto de encuentro, inclusión e igualdad de oportunidades", ha sentenciado.

 Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter

Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias

Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv

Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag

F:VP