Carles Puigdemont ha perdido el primer 'round' de su combate europeo con la justicia española. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha dado la razón al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y allana el camino para la entrega del expresidente de la Generalitat a España. Los magistrados consideran que un estado miembro de la UE no puede denegar una euroorden de detención basándose en la falta de competencia del tribunal que la emite, como hizo Bélgica.

"Una autoridad judicial de ejecución no puede negarse, en principio, a ejecutar una orden de detención europea basándose en la falta de competencia del órgano jurisdiccional que habrá de enjuiciar a la persona buscada en el Estado miembro emisor. Dicha autoridad deberá, no obstante, negarse a ejecutar dicha orden si comprueba que en ese Estado miembro hay deficiencias sistémicas o generalizadas que afectan a su sistema judicial y que el órgano jurisdiccional que habrá de enjuiciar a la persona buscada en dicho Estado miembro es manifiestamente incompetente para ello", afirma la sentencia del TJUE.

Los 3 escenarios sobre el futuro de Carles Puigdemont según las decisiones que tome la justicia europea
Una de las preguntas de Llarena versaba precisamente sobre si un Estado puede entrar en qué tribunal es el competente en otro para realizar una investigación. Fuentes de la defensa del expresidente catalán auguran que en el caso de que el tribunal europeo siga el criterio del abogado general de la UE Jean Richard de la Tour el pasado mes de julio y declare que Bélgica no podía rechazar una entrega, salvo una violación de derechos del país requeriente sistémica, cuentan con que el juez Llarena cursará inmediatamente una nueva euroorden contra Puig.

 Es el único de los huidos que no es europarlamentario, por lo que en su caso no habría que esperar al segundo round europeo: el que resolverá las demandas de Puigdemont contra el Parlamento Europeo porque considera que no le defendió lo suficiente ante el suplicatorio cursado por Llarena para poder ser detenido en distintos países europeos.

Al revisar la acusación contra Puigdemont y del resto de huidos, tras la reforma legal que ha derogado la sedición y modificado la malversación, Llarena paralizó las euroórdenes cursadas en su contra hasta ver qué decide la justicia europea y dar el siguiente paso. La defensa del ‘expresident’ tiene previsto alegar que para cualquier restricción de los derechos de los europarlamentarios debe incluir un nuevo suplicatorio, puesto que el concedido en su día solo se refería a la orden cursada a Bélgica.

Además, cuestionó las posibilidades de éxito de una cuarta euroorden por los mismos hechos, pero por distintos delitos, y comparó la derogación de la sedición con la sentencia del rapero Valtònyc, cuya entrega fue rechazada al entender que España le acusaba de delitos más perjudiciales que los vigentes cuando sucedieron los hechos.

La forma en que se había acometido la reforma penal, con gran rapidez y sin tener la oportunidad de escuchar a expertos, figura entre los argumentos con los que la defensa cuenta para tratar de mostrar que en España hay vulneraciones de derechos sistémicas. También se incluirá que un exministro de Justicia sea nombrado magistrado del Tribunal Constitucional, como ocurrió con Juan Carlos Campo.

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