El 16 de abril de 2023, la alianza Denunciantes del Autoritarismo Judicial ha hecho público su demoledor informe sobre el Estado de Derecho español en 2022.

En la introducción del informe, la Alianza relaciona los principales informes de esta tema, tanto de grandes organizaciones ni lucrativas como de organismos europeos

Se afirma que estos informes no reflejan la realidad española por falta de fuentes confiables que no sean institucionales y, por eso, la Alianza anuncia que va a realizar su propio informe anual sobre la realidad del Estado de Derecho anual.

Este informe anual será el primero de todos, con la intención de influir en el resto de los informes. La información oficial se publica más tarde, por lo que el informe de la Alianza, no contendrá ese tipo de información.

Dos son las principales diferencias de este informe respecto de los demás: Este informe está hecho por expertos en corrupción y, además, en corrupción española.

Dada la grave situación en España, los fondos europeos Next Generation EU y la prevista Presidencia de España del Consejo de la Unión Europea, la Alianza ha decidido hacer rápidamente el primer informe del Estado de Derecho en 2022.

La principal fuente han sido las propias denuncias que están siendo tramitadas doblemente en la Comisión Europea. Se están tramitando económicamente en Ares(2022)8174536 y por disfunción del Estado de Derecho en Ares(2023)1525948. Nadie antes había conseguido que sus denuncias tuvieran esta doble tramitación, lo que posiciona a la Alianza como la única fuente confiable sobre la corrupción en España, especialmente después de la última denuncia del 15 de abril de 2023.

El Informe se basado en la metodología de la propia Comisión Europea, aunque se ha adelantado el capítulo sobre la lucha contra la corrupción, como primer capitulo, adelantando al capítulo sobre el sistema judicial, manteniendo el orden de los otros cuatro capítulos.

Ningún informe público o privado tiene en consideración el principal dato oficial sobre la corrupción española: en 2018, Eurostat publicó que la corrupción española casi alcanzaba el 8% del PIB. En el informe de la Alianza se explica el significado sistémico de ese nivel de corrupción y se introduce el término metamafia para definir correctamente la naturaleza de las instituciones españolas.

Se hace referencia a los miles de millones de euros que la Agencia Tributaria ha blanqueado en 2004, 2021,2022 y 2023. Se cita a los seis defraudadores millonarios que, posteriormente fueron ministros de José Luis Rodríguez Zapatero (Presidente de España 2004-2011) y el peculiar caso de la defraudadora y prevaricadora jueza Margarita Robles, actual Ministra de Defensa.

También se refiere a la falsificación de vidas laborales para retrasar la jubilación de cientos de miles de trabajadores, así como las condenas en el 43,6% de los 104.951 procedimientos judiciales que se resolvieron contra la Seguridad Social en 2022.

Se hace referencia al negocio de los menores tutelados y habitualmente prostituidos en toda España así como a la explotación laboral a 30.377 médicos internos residentes (MIR), incumpliendo las normas europeas.

En cuanto al Gobierno se relacionan algunos de sus delitos continuados que hacen que sea el Gobierno que menos ha cumplido la ley de la Historia de España.

Se recuerda la comparecencia del Comisario Villarejo en el Congreso de los Diputados el 20 de octubre de 2021, refiriendo los asesinatos de las Sección Pi, ordenados por 10 ó 15 personas, además de los más de 2.000 asesinatos de Jose Maria Mena Álvarez (embrión de la Fiscalía Anticorrupción), sin que un solo diputado o periodista preguntara al respecto, dejando en evidencia que conocen y encubren las actuaciones de estos “Illuminati”.

Se hace una dura crítica a los legisladores y a la gigantesca Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad, por su complicidad con la corrupción.

Por el contrario, en 2022 las instituciones han seguido represaliando a denunciantes de corrupción como: “Manos Limpias, Alvise Pérez, Roberto Macías, Alberto Royuela Fernández, Juan Martínez Grasa, Santiago Royuela Samit, el juez inhabilitado Fernando Presencia y la asociación ACODAP que preside, varios colaboradores de ACODAP, Impacto España Noticias, y Javier Marzal”.

Desde 2020, la Ministra de Justicia y su antecesor no han tramitado más de 10 reclamaciones por represalias a denunciantes de corrupción, solicitadas al amparo de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (2003) y la DIRECTIVA (UE) 2017/2019, siendo el Ministro el único competente por su falta de transposición al derecho español.

Se hace referencia al delito continuado del Gobierno de usurpación de atribuciones de las Cortes Generales (Parlamento) y la complicidad de los Diputados en dicha usurpación, llegando al golpe de estado jurídico de la declaración del estado de alarma.

Se cita la ilegal gestión de los fondos europeos y la desaparición de miles de millones de euros europeos.

Del sistema judicial se dice que tiene una corrupción sistémica, por lo que todos los jueces son corruptos en mayor o menor medida. A través de los recursos judiciales, las instancias superiores conocen la corrupción de las instancias inferiores y al revés, eso hace que todos los fiscales y jueces sean corruptos activos o pasivos (encubridores).

Se refieren as tres redes de prevaricación judicial que ha habido en España, por orden cronológico: la red de Jose Maria mena en Cataluña, la red de Juan Alberto Belloch Julbe, desde finales del siglo pasado y la red de 68 jueces de Madrid de José Luis Rodríguez Zapatero, creada en diciembre de 2022.

Se hace referencia al triple encubrimiento del Gobierno de 1.128 asesinatos (CGPJ de 2009 y 2021 y Fiscalia General del Estado e 2021) de la metamafia del fiscal Mena.

Se hace referencia al encubrimiento en 2021 y 2022, en la Audiencia Nacional, de 322 asesinatos perpetrados por la metamafia de Mena.

Por último, antes de las conclusiones, se hace referencia al libro “El director” de un ex director de El Mundo, donde se dice que los periodistas suelen ser sobornados o exigen sobornos, y que a finales del siglo pasado los políticos temían a los periodistas y ahora es al revés.

También se refiere la discriminación del gobierno con los medios y los sobornos a estos mediante campañas publicitarias institucionales.

Se hace referencia a la denuncia contra 47 periodistas y directivos de los medios por haber sido sobornados por el fiscal jubilado Mena y por blanquear el soborno, así como las denuncias contra Ana Pastor y su esposo Ferreras por defraudar a Hacienda y por blanqueo de capitales.

Se menciona la mafiosa campaña mediática contra el Expediente Royuela y que no se informara de as manifestación del Expediente Royuela con miles de asistentes, especialmente cuando RTVE está obligada a informar.

Termina informando de las falsedades del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y del récord del Gobierno en denegaciones de comparecencias en el Congreso.

Se dice que los controles al Gobierno no han funcionado por la ilegal obediencia al partido y por el incremento de altos cargos de libre designación, es decir, nombrados a dedo por el Gobierno.

Se concluye que el Estado de Derecho español tiene graves deficiencias por corrupción sistémica.

Se adjunta informe.

DAJ Informe ED ES 2022.pdf

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