La reforma de las pensiones impulsada en Francia por el presidente Macron se basa en datos objetivos indiscutibles. El heterogéneo, ampliamente generoso y socialmente avanzado sistema francés de retiro de sus trabajadores es financieramente insostenible y su mantenimiento en su versión actual lo conduciría en una década irremisiblemente a la quiebra.

Por consiguiente, es patente la necesidad de tomar medidas racionalizadoras de su estructura, tales como la eliminación de subsistemas privilegiados para determinados sectores o la modificación del derecho a jubilarse a los 62 años, han de ser revisados para adaptarla a unos números que no mienten.

El Estado francés, esa gigantesca maquinaria que absorbe cerca del 60% de la riqueza total del Hexágono, ha alcanzado sus límites en términos de gasto público y ha de emprender un camino de rectificación. Sin embargo, esta evidencia no ha sido aceptada por la ciudadanía gala, que se ha lanzado a la calle por millones manifestando masivamente su rechazo de la reforma en una serie de movilizaciones a lo largo y ancho de su geografía, con numerosos episodios de extrema violencia, con incendios, saqueos, vandalismo, miles de detenidos y centenares de miembros de las fuerzas del orden heridos, en una exhibición de cólera colectiva realmente intimidante.

Pese a esta voluminosa y airada reacción a su propuesta, Macron no ha cedido y tal ha sido su determinación que, frente a una Asamblea Nacional fragmentada y levantisca en la que no cuenta con mayoría absoluta, ha recurrido al artículo 49.3 de la Constitución de la Quinta República que permite al Gobierno aprobar una ley puenteando al parlamento.

 En España hemos vivido una situación inversa. El Gobierno sanchista-bolivariano-separatista-bilduetarra ha concedido graciosamente un aumento lineal de las pensiones del 8.5%, porcentaje netamente por encima de lo que nuestra economía se puede permitir, sin que apenas se hayan alzado voces señalando que esta magnanimidad es la antesala de la catástrofe. Los españoles han mostrado su satisfacción - ¡cómo no! - ante la largueza electoralista del Ejecutivo, quedando garantizada así una beatífica paz social.

Conviene recordar el caso de Grecia, que durante el período 2000-2008 vivió una época de vino y rosas, con prejubilaciones asombrosas por lo tempranas y bien remuneradas y jubilaciones principescas. Esta maravillosa felicidad fue bruscamente truncada por la crisis financiera global, la llegada de los hombres de negro y una reducción inmisericorde de las pensiones que alcanzó en determinados casos un 50%.

 Estos ejemplos ilustran el lado problemático de la democracia. Ésta consiste fundamentalmente en la elección de los gobernantes por mayoría, respetando, se supone, los derechos de las minorías. Se trata de un método que parte de la hipótesis de que todos los seres humanos son iguales en dignidad y capacidad de elegir a sus representantes. Este axioma no garantiza, sin embargo, que todos los electores estén igualmente informados, tengan el mismo nivel de formación y el mismo discernimiento.

El pueblo, por tanto, puede equivocarse y de hecho yerra con frecuencia, confiando la gestión y administración de un patrimonio que es de todos a elites dirigentes incompetentes, opresivas y corruptas. Dado que la alternativa del sabio monarca-filósofo dotado de poder absoluto abre las puertas al totalitarismo y a la creación de monstruos, lo que no resulta aceptable, hemos de resignarnos a que las urnas determinen quién manda y quién maneja el dinero de nuestros impuestos.

 Ahora bien, hay dos mecanismos por los que la sociedad puede minimizar los riesgos de las veleidades emocionales y de la falta de criterio de sus integrantes.

El primero es la educación. Un sistema educativo de calidad, apoyado en la aproximación racional al mundo, que proporcione a los ciudadanos los conocimientos, los hábitos morales y las herramientas intelectuales que les permitan analizar objetiva y serenamente las grandes cuestiones que orientan la vida en común, es una excelente garantía de que a la hora de comprender que si el presupuesto no da más de sí, trabajar hasta los 64 años en vez de hasta los 62, no es una agresión intolerable a derechos adquiridos, sino una medida sensata que asegura la estabilidad de las pensiones del futuro.

  El segundo consiste en que los medios de creación de opinión sean independientes del gobierno. Si, por el contrario, los medios de comunicación públicos actúan como terminales de la clase política y los privados están domesticados mediante subvenciones, publicidad institucional o créditos conseguidos mediante influencias palaciegas, el proceso electoral queda viciado en su esencia y la democracia degradada.

 A partir de estas consideraciones se puede concluir que una sociedad para la que la educación es una prioridad, tanto en medios humanos como materiales, y en la que los gobiernos respetan escrupulosamente la independencia de los canales de conformación de la opinión en un ambiente de pluralidad y libertad, estará, si no completamente, sí al menos en buena medida, al abrigo de los errores del cuerpo electoral.

El ejercicio de contrastar el planteamiento descrito con la actual situación en España explica muchos aspectos de la senda descendente que seguimos desde la Transición y cuya pendiente hacia abajo se ha acelerado vertiginosamente en las últimas dos décadas.

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