La Asociación Liberum, nacida con el objetivo de «restaurar los derechos y libertades que nos han sido usurpados en el transcurso de la pandemia de la covid-19», ha presentado en Bruselas tres denuncias, ante diferentes autoridades de la Unión Europea y del Reino de Bélgica, entre las cuales destaca una contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, por un presunto delito de malversación en la compra de vacunas contra la covid-19.

Las denuncias, se han interpuesto ante el Ministerio Público de Bélgica, pero también se han trasladado a la Fiscalía Europea y la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude.

Estas señalan a Ursula Von der Leyen y Stella Kyriakides, comisaria europea de Salud y Alimentación, como presuntas autoras de delitos de usurpación de funciones públicas, malversación, destrucción de documentos públicos y corrupción de personas que ocupan cargos públicos.

 Luis María Pardo, miembro del equipo jurídico de Liberum, ha viajado hasta Bruselas para interponer dichas denuncias. En un vídeo compartido con este medio, el abogado presume de que es un «hecho histórico que la Asociación Liberum denuncie la cantidad de miles de millones de euros que se han tirado a la basura». «¡Viva la libertad y viva la Justicia!».

Según expone la entidad en la denuncia, «los actos realizados afectan a los intereses financieros de la UE, de España y de Bélgica, lugar donde se realizaron y firmaron los contratos covid-19 de la farmacéutica Pfizer y foro de dichos acuerdos».

«A nuestro juicio existen indicios racionales de que dichos actos han afectado sustancialmente a los intereses financieros de la UE y de todos sus ciudadanos con una corrupción que ha dañado los intereses generales y financieros de la Unión», abunda la denuncia.

Esta se fundamenta en que entre agosto de 2020 y noviembre de 2021 fueron firmados hasta once contratos de vacunas contra la covid-19, con ocho fabricantes de vacunas, comprometiéndose a través de Acuerdos de Compra Anticipada (APA), hasta 4.600.000.000 dosis de vacunas por un coste total previsto cercano a los 71.000.000.000 euros.

La práctica totalidad de esos contratos se realizó al amparo de la decisión del 18 de junio de 2020, donde se establecieron unas condiciones entre las que figuraba que la Comisión Europea era «la responsable de celebrar, en nombre de los Estados miembros, acuerdos previos de compra con los fabricantes de vacunas con el fin de adquirir vacunas para la lucha contra la pandemia covid-19 a escala de la Unión».

También imponía el carácter vinculante de los APA: «Una vez celebrado, las condiciones son jurídicamente vinculantes para los Estados miembros participantes».

   En todos los contratos fue así, excepto con el firmado el 19 de mayo de 2021, donde tal y como denunciaron el Tribunal de Cuentas Europeo y el Defensor del Pueblo de la Unión, se vulneró el procedimiento establecido. Ahí no participaron ni el Comité Rector ni el equipo negociador, sino que los contratos, denuncian desde Liberum, «vinieron impuestos en una flagrante ausencia de transparencia y, además, con un perjuicio para el presupuesto de la Unión que ciframos en miles de millones de euros».

Desde la asociación señalan que actualmente 1.449.042.265 dosis han sido distribuidas, pero sólo han sido inoculadas 975.583.358 «La desproporción es de tal magnitud que prácticamente nos encontramos ante un desfase de 470.000.000 dosis que los Estados miembros de la UE tienen distribuidas y pagadas a las casas farmacéuticas, pero inoculadas».

 Pero hay más. Entre los hechos que han motivado la denuncia contra Ursula Von der Leyen y Stella Kyriakides se encuentra la «desproporción estratosférica cuando se cruzan los datos del ECDC3 y el Informe del Tribunal de Cuentas Europeo respecto de Pfizer». Tras el análisis de estos, Liberum asegura que habría un exceso de 1.714.896.27o dosis y 25.723.444.050 euros comprometidos… «Y que pagaremos todos los ciudadanos europeos».

Por lo expuesto, el equipo jurídico de Liberum, ha denunciado a Úrsula von der Leyen por lo que considera «un perjuicio económico, un insulto y una vergüenza hacia los intereses de los ciudadanos europeos, que seremos los finalmente perjudicados»: «Los hechos denunciados no tienen precedentes en la historia de Europa y no pueden ni deben quedar impunes».

La Asociación Liberum es conocida por haberse querellado con anterioridad contra el presidente de las Islas Canarias, Ángel Víctor Torres, por un presunto delito de prevaricación administrativa en la imposición del certificado covid. También contra las máximas autoridades de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) por «ocultar los efectos adversos de las vacunas» contra el coronavirus. Pero esta última es, admiten, su iniciativa más ambiciosa.

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