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La grave irregularidad, además de ser un delito contemplado en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) con penas de hasta 7 años de cárcel (art. 139-140), invalidaría el nombramiento de los diputados electos de dichas provincias
Nacional 18/07/2023Esta tarde, a las 18 horas, en Madrid, la
Asociación Plataforma Elecciones Transparentes (APET), junto con
representantes de otras asociaciones adheridas, presentará una
reclamación en la sede de la Junta Electoral Central (JEC), por la grave
irregularidad acontecida en las pasadas elecciones autonómicas del
28M, donde no se hizo (incumpliendo ley electoral) el escrutinio o suma
de los votos contenidos en todas las actas electorales.
Así quedó recogido en las pruebas aportadas por el perito en
informática forense Gabriel Araújo sobre los escrutinios que tuvieron
lugar en Madrid, Asturias, Toledo y Canarias, tras las elecciones del
pasado 28 de mayo de 2023. Gabriel Aráujo, que también es secretario
general de la Asociación nacional de Tasadores y Peritos
Judiciales Informáticos de España, presentó todas estas pruebas
documentadas ante la Junta Electoral Central, el pasado 14 de julio.
En dicho Informe, Araújo certifica la autenticidad de diverso material
audiovisual grabado por personas de la sociedad civil que estuvieron
presentes en los actos de escrutinio general de las provincias
mencionadas y fueron testigos de que no se estaba realizando el acto
que constituye la esencia del sistema electoral: la suma de los datos
contenidos en las actas electorales.
La grave irregularidad, además de ser un delito contemplado en la Ley
Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) con penas de hasta 7
años de cárcel (art. 139-140), invalidaría el nombramiento de los
diputados electos de dichas provincias, pues éste se ha fundado única y
exclusivamente en la suma provisional realizada por Indra tras el cierre
de los colegios electorales, lo cual, por añadidura, puede dejar vía libre
al fraude electoral.
Entre las asociaciones denunciantes, lideradas por la APET, se
encuentran Asociación Europea contra la Corrupción (AECC),
Asociación de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho
(AVIPED), Democracia en el PP (DPP), Guadalajara Despierta,
HazteOir.org, y Units Per la Veritat. Todas solicitan que se compruebe si
se han realizado los Escrutinios Generales en el resto de las Juntas
Electorales Provinciales y reclaman el dinero que se abonó a los
miembros de las Juntas Electorales por hacer un trabajo que no hicieron
durante el Escrutinio General.
También exigen que, de cara a las próximas elecciones del 23 de julio,
la JEC vele intensamente por el estricto cumplimiento de la ley electoral
durante el Escrutinio General que dará comienzo el día 28 de julio, con
la apertura del voto CERA, el voto que llega del extranjero, y
posterioremente con lo que debería ser la suma de los votos contenidos
en las actas electorales, únicos documentos oficiales válidos que surgen
del día de las elecciones. Las actas electorales son los únicos
documentos oficiales para el Escrutinio General, sobre los que se debe
realizarse la suma de los votos de cada partido, apartando del mismo
cualquier otro dato provisional facilitado por empresas privadas, cuyos
datos no cuentan en ningún momento con la vigilancia de la Junta
Electoral Central
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