La juez a cargo del denominado 'caso Mediador' investiga 170 cuentas corrientes, "lo que supone más de 90.000 movimientos bancarios" de la presunta trama de corrupción liderada por el exdiputado del PSOE Juan Bernando Fuentes Curbelo, alias 'Tito Berni', que se habría encargado de captar empresarios prometiendo favores políticos a cambio de dinero.

Así lo ha indicado la titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, en un auto en el que precisa que dicha cifra no incluye las cuentas bancarias que forman parte de las piezas declaradas secretas en el marco del procedimiento.

La magistrada explica que, en general, "se han aportado datos identificativos de sociedades y sus partícipes, así como los cambios en los órganos de administración y de la actividad económica". Según detalla, también constan "ingresos y pagos procedentes del modelo 347, identificación de titulares y autorizados de productos financieros, entre otros datos referidos a las principales personas físicas y jurídicas investigadas".

Dicha información ha sido recogida en los informes presentados por el auxilio judicial, por el Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Dirección General de la Guardia Civil y por el Grupo de Delitos Tecnológicos de Santa Cruz de Tenerife de la Policía Nacional.

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"MULAS FINANCIERAS"
En el auto, Lorenzo-Cáceres apunta que de las pesquisas se ha "evidenciado el uso de la llamadas mulas financieras" por parte de la presunta trama, por lo que el pasado julio acordó llamar a declarar a nuevos investigados.

Además de constar información bancaria de los investigados, la juez señala que figura también que en febrero y marzo de este año "se emitieron mandamientos dirigidos a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias que fueron tramitados a través de la Dirección General de Ganadería de Santa Cruz de Tenerife".

Asimismo, recalca que en el marco de la investigación en el juzgado han recabado un "enorme volumen de datos", en concreto, unos 2,16TB (terabytes) procedentes de los terminales y dispositivos electrónicos de los principales investigados.

La juez subraya que, "pese a las múltiples diligencias acordadas por esta instructora y los oficios de investigación que se han ido presentado, pende aún por ultimar el análisis de bastante material y documentación, destacando que la mayoría de las diligencias de investigación se han acordado tras el levantamiento del secreto de actuaciones el pasado 14 de febrero".

Así las cosas, considera que se justifica acordar la prórroga de la investigación seis meses más por la complejidad de la causa y la cantidad de información que aún queda por analizar.

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