Desamortizar es la acción jurídica que permite al Estado expropiar o incautar tierras o bienes no productivos para su posterior venta; su objetivo fundamental es la reducción de la deuda pública. Aunque quizá no existe la idea en nuestra conciencia colectiva occidental, un Estado puede presentar suspensión de pagos.

Cuando los gastos son mayores a los ingresos, fruto de ese déficit persistente, el Estado en un momento dado, podría no ser capaz de financiarse, para atender a sus obligaciones de pago; como por ejemplo los sueldos de los funcionarios, o los pagos a los proveedores del Sistema Público de Salud.

 España tiene una larga tradición de suspensión de pagos. La primera, tuvo lugar durante el reinado de Felipe II en abril de 1557, a la que siguieron otras dos bancarrotas en 1575/76 y en 1596. Las permanentes contiendas y los menores recursos que llegaban de América hacían imposible sostener el Imperio. Esta situación se repitió durante el siglo XVII, bajo los reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II.

 El siglo XIX fue un tiempo de conflictos permanentes como la guerra de la independencia, las guerras civiles internas, la pérdida de las colonias de ultramar y el conflicto a finales de siglo con EE UU. Esta realidad provocó un fuerte aumento del gasto público, con una caída de los ingresos, lo que llevó a un histórico crecimiento de la deuda pública, también denominada deuda odiosa, que se situó, según los historiadores, como Francisco Comín, en cerca del 100% del PIB en 1898.

La necesidad de hacer frente al servicio de la deuda y evitar la bancarrota, provocó la aplicación de ocho leyes desamortizadoras, durante esos 100 años, siendo las más conocidas las de Mendizábal y Madoz. 

 En épocas más recientes, el Plan de Estabilización de 1959, estableció la convertibilidad de la peseta, y un arancel ad valoren, además de un importante programa de estabilidad interna, que termina con la pignoración automática de la deuda pública en el Banco de España.

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Como consecuencia de la implementación de esta política económica de austeridad, se aprobó una importante reducción del gasto público. Junto a estas medidas, el fuerte crecimiento de nuestra economía durante el desarrollismo de los años sesenta, permitió que el saldo de la deuda pública viva se fuera reduciendo hasta situarse en tan solo el 7% del PIB en 1975, lo que representó un mínimo histórico.

 La gravedad de la deuda pública ya se puso de manifiesto a nivel europeo en el Tratado de Maastricht. Se estableció que ésta, no debía superar el 60% del PIB, o estar claramente reduciéndose, como uno de los criterios nominales que había que cumplir para entrar en el euro. La deuda pública en España se situó en el 64,2% del PIB en 1997, tras una importante reducción respecto a la de años anteriores. El cumplimiento de este criterio junto con los demás de inflación, déficit y tipos de interés, nos abrió las puertas del euro, en la primera convocatoria.

 La deuda pública mundial ha aumentado 20 puntos en términos de PIB en los últimos 15 años, como consecuencia de las diferentes crisis. La crisis inicialmente financiera, y posteriormente de crecimiento, que sufrimos la mayoría de los países, sobre todo los desarrollados, entre los años 2007 y 2014, fruto en parte de los rescates de instituciones bancarias, dio lugar a cifras no conocidas de deuda pública.

 Desde el año 2020, el gasto público se incrementó adicionalmente por las políticas de lucha contra el Covid19, y frente a la recesión causada por las limitaciones a la actividad económica y a la movilidad. Además se redujeron los ingresos tributarios, por lo que el déficit público aumentó y consecuentemente el endeudamiento de los Estados.

 En España hemos batido todos los récords, con un crecimiento de la deuda pública muy por encima de la media de los países de la OCDE; nuestra deuda pública, con relación al PIB se ha multiplicado por tres en apenas 15 años. Se ha pasado del 35,8% en el año 2007 durante el último mandato de Aznar al 123% en 2021; más de 87 puntos del PIB.

Actualmente, como consecuencia del aumento nominal del Producto Interior Bruto, espoleado por la alta inflación, se ha reducido al 113%. En cualquier caso, muy superior en términos relativos a la del 1898, y sobre todo a la de hace 15 años, antes de las dos crisis. En términos absolutos ha seguido creciendo, superando actualmente los 1,5 billones de euros, lo que representa una deuda por persona de más de 31.900 euros.

 La deuda pública es perversa, puesto que se ha generado sobre todo para hacer frente a gastos corrientes y no de inversión; además de éticamente deplorable, puesto que se trata de una carga intergeneracional, es decir actúa en contra del desarrollo sostenible.

 La fuerte subida de la presión fiscal, para compensar en parte el incremento del gasto, tiene en gran medida un carácter confiscatorio. En la actualidad no se están expropiando los bienes de la Iglesia, pero sí que se está aplicando una desamortización civil sobre una parte de los ciudadanos y sus patrimonios, especialmente sobre todo con la aplicación, posiblemente ilegal, del conocido como Impuesto de Grandes Fortunas y los de Patrimonio y Sucesiones y Donaciones.

 Desde el punto de vista estrictamente económico, la deuda pública genera un gasto en intereses que se acercará al 2,8% del PIB. La fuerte subida de los tipos de interés, actualmente la rentabilidad del bono español a 10 años ha superado el 4%, agravará este problema. Una elevada deuda provoca una mayor prima de riesgo y dificulta la sostenibilidad futura del crecimiento. Según la AIDeF la deuda pública española puede tener problemas de sostenibilidad a largo plazo. 

 La actual política fiscal expansiva es además procíclica, por lo que favorece la inflación, cuando lo que es necesario es luchar contra ella.

 Bruselas ha aprobado recientemente la concesión de 94.000 millones de euros adicionales con cargo al Fondo Europeo de Recuperación y Resiliencia; de los que tan solo el 12% son transferencias a fondo perdido, los 83.000 millones de euros restantes son deuda, ello representará seis puntos más de endeudamiento público.

 En definitiva, es imprescindible una política seria de consolidación fiscal, no solo por imponerla Europa, sino porque es esencial para incrementar la sostenibilidad del crecimiento futuro. Este crecimiento, sin embargo, será inviable si se repite un gobierno social comunista, amante del despilfarro, y apoyado por partidos independentistas; que además de sus reivindicaciones políticas, también aumentarán las económicas.

 La desamortización de Mendizábal en el siglo XIX la sufrió la Iglesia. La desamortización del siglo XXI la sufriremos la mayoría de los ciudadanos y la deuda pública la debemos todos.

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