El pasado miércoles 24 de enero, el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, declaró el estado de emergencia en la totalidad del territorio debido a la crisis migratoria que se desarrolla en la frontera sur de los Estados Unidos.

A su vez, se declaró en desacato hacia los requerimientos del gobierno de Joe Biden, y rechazó los reiterados pedidos por parte de la Casa Blanca de cesar con las medidas para frenar la inmigración ilegal en el estado sureño, y de derrumbar partes del muro de Trump y sacar el alambre de púas que se colocó en los segmentos donde el muro quedó incompleto.

Adicionalmente, el mandatario republicano movilizó a la Guardia Nacional de Texas a la frontera, y ordenó privar de sus funciones a la Guardia Nacional Federal y a la Patrulla Fronteriza, que responden directamente al presidente Biden, y que tenían la orden de no frenar ningún ingreso irregular.

Inmediatamente, los demás estados del país comenzaron a declararse a favor o en contra de la disputa militar entre Texas y el gobierno con sede en Washington D.C. En cuestión de dos días, 25 estados expresaron su apoyo a la medida de Abbott, e incluso 14 de éstos decidieron movilizar sus Guardias Nacionales y enviarlas a Texas a ayudar a proteger las fronteras.

En medio de esta situación además, Abbott, se encuentra librando numerosas batallas judiciales contra la administración Biden por diversas causas, entre las que se encuentra la crisis migratoria. Una de estas mencionadas disputas legales resultó en que una corte habilitara al Gobierno federal a cortar el alambrado con púas dispuesto por el gobierno de Texas y las boyas en el Río Grande, lo que desató el conflicto.

El origen del conflicto
El presidente Biden viene impulsando una política de fronteras abiertas, y se la está imponiendo principalmente al estado de Texas, con el objetivo de aumentar la base de votantes demócratas y convertir un estado republicano en uno azul.

Después de casi 3 años de disputas, donde la Casa Blanca viene una y otra vez quitándole poderes a Abbot que le corresponden a la policía texana, como frenar y deportar inmigrantes que intentar realizar el peligroso cruce desde México, el gobernador republicano decidió devolver el golpe.

La semana pasada, el gobernador Abbott, a través de una resolución que firmó el Fiscal General del estado Ken Paxton, le denegó el acceso a la patrulla fronteriza al Parque Shelby, un distrito perteneciente a la ciudad fronteriza de Eagle Pass, donde se está registrando en los últimos días el ingreso de miles de inmigrantes ilegales cada día.

Abbott, en su lugar, facultó a las fuerzas de seguridad del estado a desplegar un cercado con púas a lo largo de la frontera y boyas a lo largo del Río Grande para evitar que aquellas personas provenientes de México pudieran cruzar nadando dentro del territorio texano.

La situación comenzó a levantar temperatura cuando el gobierno federal con Biden y el ministro de Justicia, Merrick Garland, a la cabeza, demandaron judicialmente al estado de Texas por haberle quitado el manejo de la frontera a las fuerzas federales, sumándose a demandas previas por parte de la administración nacional porque Abbott facultó a las fuerzas estatales a detener (para luego deportar o incluso enviar a ciudades demócratas) a inmigrantes ilegales en suelo texano.

Luego de acusaciones cruzadas entre la administración federal y el gobierno estatal, Abbott decidió emitir un comunicado en el cual informaba que la administración de Joe Biden decidió romper la relación entre los estados que componen al país y la Unión Americana, aclarando que desde Texas continuarán tomando medidas contra la inmigración ilegal con el fin de defender a los ciudadanos del estado sin importar la opinión del presidente.

Debido a esta situación, Biden decidió que el caso sea elevado a la Corte Suprema de Justicia para que tomara cartas en el asunto, la cual falló a favor del gobierno de Biden demostrando una total traición a los ciudadanos de Texas.

Dentro del fallo, los jueces John Roberts y Amy Coney Barrett (quien fue nominada por Donald Trump) se posicionaron a favor de la decisión de los jueces progresistas para favorecer al Gobierno federal, dictaminando que las fuerzas federales pueden ingresar al Parque Shelby y cortar los alambrados que impiden el ingreso irrestricto de inmigrantes.

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Sin embargo, el gobernador Abbott se declaró en desacato y por el momento, no ha permitido a las fuerzas a ingresar para abrir las fronteras. A su vez, señaló que la administración Biden falló en la realización de sus tareas en proteger a los estados de la inmigración ilegal y que estas ineficiencias dispararon automáticamente una cláusula que otorga a cada estado el derecho a la defensa de su territorio, considerando la oleada de ciudadanos mexicanos; chinos y de otras nacionalidades, una invasión.

 En consecuencia del comunicado emitido por Abbott, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, comandado por Alejandro Mayorkas, le envió una carta el pasado martes al estado de Texas demandando que se le permita nuevamente el ingreso a las fuerzas federales al Parque Shelby, dándole hasta el día de hoy para emitir una respuesta.

Sin embargo, el ministro de Justicia de Texas, Paxton aclaró el pasado jueves que el estado de Texas no tiene intenciones de cumplir con los plazos que la administración federal le otorgó. El antecedente más cercano a la actual situación se dio en el año 2012, cuando la Corte Suprema también falló a favor del gobierno federal en contra del estado de Arizona, por un caso que muestra bastante similitud al presente, en el cual las fuerzas estatales tomaron poder frente a la descalabrada migración en la frontera sur.

Las decisiones tomadas hasta ahora por el presidente Biden, así como las de su gabinete y amparadas por la Suprema Corte, han despertado un gran resentimiento dentro de la población texana, así como también en el resto del país.

A raíz de este choque, un grupo compuesto por 25 estados ha firmado un compromiso mostrando su apoyo en las acciones que Texas está tomando frente a la invasión de inmigrantes provenientes del sur del país. Este claro apoyo se da en el contexto de que muchos inmigrantes (entre los cuales se encuentran criminales) utilizan a Texas como puente para luego alcanzar otros estados del interior.

Dentro de los Estados Unidos, aquellos estados que brindaron su total apoyo se tratan de: Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee, Utah, Virginia, West Virginia y Wyoming.

Esto se resume en medio país apoyando sublevarse contra Joe Biden. A su vez, dicho grupo de estados anunció que enviará miembros de sus respectivas guardias nacionales estatales para brindar apoyo a las tareas realizadas en la frontera sur.

El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, se expresó personalmente señalando que Texas tiene el absoluto derecho a defender sus fronteras, sumado a la reprimenda al gobierno federal por descuidar las fronteras a nivel federal.

Desde el arco político, el expresidente y principal candidato republicano de los Estados Unidos Donald Trump, destacó la labor de Greg Abbott y expresó que todo el pueblo americano debería acompañar el reclamo de Texas. Dichas declaraciones fueron acompañadas con la promesa de que en caso de resultar electo nuevamente, se lanzará una operación militar conjunta entre la Guardia Nacional Federal y la Guardia Nacional de Texas para defender las fronteras estadounidenses.

Quien también mostró su apoyo a las acciones tomadas por el gobierno texano, es el senador de Louisiana y candidato a presidente de forma independiente, John Kennedy, quien aseguró que Texas está en lo correcto con las acciones tomadas y disparó contra Biden en su fracaso de proteger al pueblo estadounidense de la invasión que se produjo a través de la frontera sur.

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