El Gobierno sostiene que la decisión tomada este mismo martes por la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo, que aboga por investigar por un posible delito de terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont, no es definitiva y han recordado que ese es un órgano consultivo y que las decisiones en la Fiscalía se deciden por jerarquía. "La decisión la tiene quien la tiene", indican fuentes gubernamentales.

Respecto a la posible reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal adelantada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para convencer a Junts de que vote a favor de la ley de amnistía, señalan que es "complicada" porque debe existir un equilibrio entre el tiempo necesario para investigar y que las instrucciones no se prolonguen excesivamente.

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, también ha señalado que respeta la resolución de los fiscales aunque ha puntualizado que "la decisión definitiva habrá de adoptarse" según establecen los estatutos del Ministerio Fiscal.

Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha celebrado este martes en La Moncloa al ser cuestionada por la decisión de la Junta de Fiscales del Supremo, que ha decidido tumbar el informe elaborado por su compañero Álvaro Redondo.

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En su informe, Redondo se oponía a que el TS investigara al ex presidente catalán Carles Puigdemont por terrorismo por su presunta implicación en los disturbios desatados por Tsunami Democràtic en el otoño de 2019 en señal de protesta por la sentencia del 'procès.

NO LES HA SORPRENDIDO
A este respecto fuentes del Gobierno señalan que no les ha sorprendido la decisión adoptada por la mayoría de la junta de fiscales y remarcan que este es un órgano consultivo mientras que la decisión es "jerárquica" y "la tiene quien la tiene" y por tanto la decisión de la Fiscalía todavía "no se puede adelantar".

De este modo hacen referencia a que el criterio final de la Fiscalía lo fijará la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez-Conde, que será la encargada de redactar el nuevo informe para unificar criterios.

En este sentido, fuentes fiscales consultadas indicaron que, dado que la labor de Sánchez-Conde en este asunto es la de establecer la posición definitiva de la Fiscalía, podría no seguir el criterio fijado este martes por sus colegas del alto tribunal.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado en varias ocasiones en los últimos días que bajo su criterio no existe delito de terrorismo en la causa que investiga a Tsunami Democrátic.

REFORMA DE LA LECRIM

Por otro lado, Alegría ha sido interrogada por el anuncio realizado en la víspera por Sánchez, que abrió la puerta a una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acotar los plazos de instrucción de los jueces.

De esta forma el Gobierno trataría de convencer a Junts para que finalmente apruebe la ley de amnistía, que pide más garantías de que la ley protegerá a todos los implicados, especialmente el expresidente Puigdemont.

La portavoz ha confirmado que este asunto "esta sobre la mesa" pero ha evitado aportar detalles sobre cómo se podría llevar a cabo, aduciendo que las concreciones deben hacerlas los partidos políticos y los grupos parlamentarios y no el Ejecutivo.

Simplemente ha defendido, en la misma línea que adelantó Sánchez en la víspera, la pertinencia de la iniciativa porque "en ocasiones las instrucciones se alargan". Dice además que la medida va "en línea" con las medidas aprobadas por el Gobierno y el Congreso "de ir hacia una Justicia más eficiente".

ÚNICA PROPUESTA SOBRE LA MESA

Respecto a este mismo asunto, fuentes gubernamentales admiten que es "complicado" sacar adelante esta reforma de la LeCrim porque es necesario conseguir "un equilibrio" entre que los jueces puedan investigar y tengan tiempo suficiente para ello, pero que una instrucción no se alargue más de una década, como sucede en algunos casos, según apuntan.

No saben, sin embargo, si esta medida será suficiente para contentar a Junts y creen que los de Puigdemont, que de momento no se han posicionado, están midiendo más sus palabras porque la decisión de votar en contra de la ley de amnistía les está generando coste.

En todo caso, aseguran que la reforma de la LeCrim es la única propuesta que esta sobre la mesa y no se están discutiendo otras posibles salidas. Insisten además en que no se va a modificar el texto de la ley de amnistía y tampoco el Código Penal para cambiar la definición del delito de terrorismo.

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