La creciente terciarización de la economía española, es decir la expansión del sector servicios, se ha producido a costa de la reducción relativa de las producciones agrarias e industriales. En efecto, la agricultura representaba el 23,7% del PIB del año 1960, mientras que en la actualidad tan solo significa el 2,6% del mismo; si bien su presencia a nivel regional es muy asimétrica, siendo especialmente relevante en las economías de Andalucía, Extremadura, Murcia y Comunidad Valenciana.

Además, tiene un carácter anticíclico, como ha demostrado garantizando la producción y el abastecimiento de alimentos, en momentos tan complicados como fue la pandemia del covid-19.

 La creciente mecanización de las labores agrícolas ha reducido significativamente el empleo en el sector, que en 1960 daba trabajo al 39,7% de la población ocupada y que en la actualidad tan solo emplea a unas 750.000 personas, que representan el 3,5% del empleo total; además una parte de éste realiza su función a tiempo parcial y con un claro carácter estacional.

Se trata de un sector que sufre importantes problemas estructurales internos. Está enormemente atomizado, cuenta con unas 950.000 explotaciones, con un tamaño medio de 17 hectáreas, por explotación; y además compuestas por parcelas muy dispersas.

La razón de esta situación se produce fundamentalmente por ser la herencia o la donación, el mecanismo fundamental de acceso a la propiedad de la tierra. El tamaño muy reducido de las explotaciones provoca que los costes de producción sean elevados, puesto que no se pueden aprovechar en general las ventajas de las economías de escala, con lo que la productividad por hectárea es muy baja. Asimismo, ha provocado una sobremecanización del campo español; se infrautiliza la maquinaria, con los altos costes hundidos que ello implica.

 Además, en general, la cualificación de los agricultores es alta en la agricultura tradicional, pero no es la más adecuada a las necesidades que requieren las nuevas técnicas o el cultivo de nuevos productos agrarios; por el creciente envejecimiento de su población y la falta de renovación generacional.

La baja productividad de la tierra en nuestro país y, por tanto, la reducida renta agraria en relación con la industria y los servicios, junto con la falta de dotaciones comunitarias, como sanitarias, de formación, ocio etc.; han provocado un claro proceso de emigración del campo a la ciudad; que se ha acelerado por la creciente mecanización del campo.

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Estas circunstancias han provocado un despoblamiento de las zonas rurales del centro de la Península. En el 70% de la superficie de nuestro país tan solo viven 4,2 millones de ciudadanos, mientras que 42 millones de personas se concentran en tan solo 1.500 municipios, el 18% del total municipal concentrado en la costa o en la Comunidad de Madrid.

 El mercado de la tierra en España es muy estrecho, puesto que la mayor parte de la superficie agraria se sigue transmitiendo mediante donaciones o herencias. Sin embargo, las generaciones jóvenes, que ya residen en la ciudad, tienen un menor apego a la tierra y en algunos casos la están vendiendo, incluso para poder acceder a otros bienes, especialmente inmobiliarios; lo que permitió que el pasado año los fondos de inversión destinasen unos 2.000 millones de euros, un 4% del total de sus inversiones a adquirir fincas.

Asimismo, el campo está sufriendo de una manera creciente restricciones e imposiciones externas que lastran aún más su productividad. Las políticas de sostenibilidad en el seno de La Unión Europea se encuentran integradas en la Agenda 2030, aprobada en el año 2018; e inspirada a su vez en La Agenda de Las Naciones Unidas del 2015. Se establecieron 17 objetivos para tratar de conseguir un «modelo equilibrado»; de ellos 2 están absolutamente relacionados con el sector agrario y el hábitat rural; la de acción por el clima y la de producción y consumo responsable.

 La excesiva regulación limitando o prohibiendo muchos de los productos que se utilizaban para mejorar la productividad, como los fertilizantes o los productos fitosanitarios, están provocando un fuerte incremento de los costes de producción, con lo que se está reduciendo la competitividad de nuestros productos agrícolas, en un mundo cada vez más abierto al libre mercado, también de productos agrícolas.

Éste es muy positivo para el consumidor y para los productores eficientes; sin embargo, en la actualidad nuestros productos agrícolas, de gran calidad, se encuentran con una competencia «desleal»; puesto que las producción agraria interna en la Unión Europea se encuentra lastrada por las restricciones medioambientales; y sin embargo a las importaciones extranjeras, como las procedentes de Marruecos, no se les exige estas las limitaciones, lo que genera una gran distorsión e injusticia. También la gran burocracia que soporta el sector, vinculada en gran medida a esta política medioambiental y a la PAC, incrementa significativamente los costes.

 Además, el Salario Mínimo Interprofesional en España ha crecido un 54% desde el año 2018, esto unido a las elevaciones de las cotizaciones sociales, han provocado que el coste mínimo por empleado agrario en España sea de unos 21.400 € anuales, lo que más que triplica, los costes salariales en Marruecos; y representa otro factor que lastra la competitividad de nuestro sector agrario.

Asimismo, en algunas zonas agrícolas muy eficientes como las del Mediterráneo, existe una gran escasez de recursos hídricos, por la falta de trasvases; tras la derogación por el Gobierno de Zapatero del Plan Hidrológico Nacional, que pretendía comunicar todas las cuencas hidrogeológicas; por tanto, no se pude trasvasar agua, de las zonas con superávit hídrico a las deficitarias, lo que lastra aún más nuestra competitividad agraria.

 Para tratar de eludir estos problemas, algunos productores agrícolas españoles están trasladando ya, parte de su producción a Marruecos, con semillas y técnicas similares a las empleadas en España; con lo que puede obtener productos parecidos, pero mucho más baratos.

Si bien la deslocalización no es la solución; puesto que es necesario garantizar parte de los abastecimientos de alimentos, para evitar cuellos de botella internacionales como los que se produjeron durante la pandemia o al comienzo de la Guerra de Ucrania. Es por tanto completamente lógico el malestar de nuestros agricultores, tanto con políticas europeas que les penalizan directamente, como por las nacionales que lastran su eficiencia. 

 El sector se enfrenta a la necesidad de satisfacer una demanda creciente de productos de calidad y al necesario incremento de la renta agraria; para lo que es necesario, entre otras reformas estructurales, aumentar el tamaño de las explotaciones y profesionalizarlas más; para ello se debe impulsar la separación entre la propiedad de la tierra y la gestión de la producción.

En la mayoría de los países como EE UU o Portugal las SOCIMI’s, pueden invertir en activos de cualquier naturaleza; mientras que, en España, actualmente se limitan a bienes urbanos; por lo que sería muy positivo efectuar un pequeño cambio normativo, que permitiese a nuestras SOCIMI´s invertir también en activos rústicos; lo que beneficiaria significativamente la competitividad del sector agrario.

  Ya se está modernizando internamente el sector agrario español, mediante importantes reformas estructurales en sus explotaciones y en sus producciones, pero resulta imprescindible que las políticas europeas y nacionales, le favorezcan en lugar de lastrar su competitividad.

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